A
la cárcel fue enviado ayer un imputado que a pesar de tener varias
causas y prohibición de acercarse a su expareja, la noche del jueves las
incumplió y nuevamente cometió un delito de violencia intrafamiliar.
Según
los antecedentes expuestos en la audiencia por parte de la Fiscalía,
los hechos se registraron alrededor de la 1.30 de la madrugada de ayer,
en circunstancias que el imputado Adrián Marcelo Uribe Ruiz, de 56
años, se encontraba al interior del domicilio, ubicado en calle Juan
Blanchard, a la altura del número 200, de Punta Arenas, instante en que
fue denunciado por su exconviviente por delitos de violencia
intrafamiliar. Así lo detalló la fiscal del Ministerio Público,
Wendoline Acuña: “La víctima denunció al imputado por los delitos de
amenazas y desacato en contexto de violencia intrafamiliar por
incumplimiento de cautelares que habían sido decretadas previamente en
los meses de septiembre y noviembre del año pasado, medidas de las
cuales había sido personalmente notificado de que no podía acercarse a su conviviente y al domicilio”.
La
persecutora agregó que “sin embargo, este imputado concurrió alrededor
de las 23.00 horas de la noche del jueves a este domicilio, lugar donde
ingiere bebidas alcohólicas, para posteriormente amenazar a la víctima
de manera seria y verosímil, manifestándole sin ningún tipo de motivo
que la iba a matar, y que si le tocaba irse preso lo iba hacer con
ganas. Esto generó temor a la afectada que decidió llamar a Carabineros
que concurrió al lugar y detuvo al imputado, percatándose además que
tenía tres órdenes de detención vigentes por una serie de delitos de
violencia intrafamiliar”.
La
fiscal solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue
acogida por el tribunal de Garantía por estimar que su libertad
representa un peligro para la sociedad y de la seguridad de la víctima,
por sus reiterados incumplimientos.
Además de
esta causa, se le comunicó cargos por reiterados desacatos y amenazas
en el contexto de violencia intrafamiliar hacia la misma víctima.
La
fiscal del Ministerio Público, Wendoline Acuña, solicitó la cautelar
privativa de libertad por representar el imputado un peligro para la
víctima.