Trece días estuvo privada de libertad Sandra de la Fuente en el Regimiento Pudeto en el mes de julio del año pasado por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Tras esto, la profesional recuperó su libertad, pero fue dada de “baja” de las filas castrenses perdiendo su fuente laboral. Ante esto, la mujer decidió demandar al Fisco por los perjuicios y la detención injustificada que debió pasar por casi dos semanas. “Luego que fue sobreseido el caso en la justicia Militar, ahora vamos a tomar la acción de demandar al Estado, porque todo lo que me pasó me ocasionó que me quede sin trabajo, además que estuve privada de libertad trece días y finalmente este tema se sobreseyó y la verdad que ahora. Esto se confirmó y la idea es resarcir un poco lo que pasó, pero pasar trece días detenida en una unidad militar cuando no eres militar es difícil resarcir, pero el dinero es recuperar lo que se gastó en medicamentos, en los viajes de personas, además lo que repercutió en que quedé sin trabajo. Ahora si estoy trabajando, pero a un año de lo que pasó uno se pone a pensar y ver las noticias y ves a personas que por cosas peores no están detenidos y más encimo sale sobreseido y uno piensa que si es bueno hacer este tipo de acción judicial”.
Por su parte, el abogado de la ex funcionaria del Ejército, Juan José Arcos, señaló que “cuando la privación de libertad de una persona se da en términos que el que lleva la causa, en este caso la fiscal militar comete un error claramente podríamos asimilar a una situación a un secuestro, porque hay una privación de libertad que es absolutamente arbitraria, ilegal y que afecta a una persona que pierde uno de los derechos principales de un ser humano, que es su libertad personal. En este caso fue tan mala la decisión de la fiscal militar que desde el primer momento cuando decreta la detención y la somete a proceso espera hasta el último día, después de eso, cuando la resolución se va en consulta a la Corte, si bien le dan la libertad, se demoran tanto en hacer los trámites que pasan en total más de doce días hasta que puede recuperar su libertad. Pero lo más curioso es que la Corte Marcial acogiendo una apelación de nuestra parte, deja sin efecto el auto de procesamiento, es decir considera que nuca estuvo identificado que existiera un delito ni mucho menos que pudiera existir una presunción fundada que a doña Sandra de la Fuente le haya cabido participación como autora. Más se confirma cuando se declara la incompetencia de la Justicia Militar, en ese caso intervino el Juzgado de Garantía también la justicia penal dicta el sobreseimiento estableciendo que no hubo delito. Entonces acá hubo una persona privada de libertad por más de doce días gratuitamente, ante esto presentamos un recurso de error judicial que se presentó en la Corte Suprema para solicitar que se establezca que la acción del juez fue arbitraria e ilegal y en esta situación se de lugar a la posibilidad fáctica de demandar al Estado, lo los perjuicios”.
El monto de la demanda alcanza los 90 millones de pesos.