De acuerdo a los argumentos de la defensa es que no existe una víctima
conocida y que sus representados están radicados en Punta Arenas. A pesar de
esto, la Fiscalía se opuso a la modificación de la medida privativa de libertad
en relación a que no solamente los imputados están privados de libertad por su
peligro de fuga, si no por representar su libertad un peligro para la seguridad
de la sociedad.
El fiscal del caso Manuel Soto, señaló que ayer y hoy ambos imputados
prestarán declaración por lo que se está a la espera de los resultados de los
antecedentes que se aporten para esclarecer los hechos.
Cabe recordar que James Velasco Sánchez, de 25 años, ciudadano
colombiano que se desempeñaba en lavado de autos a domicilio en Punta Arenas, y
Carlos Edier Portocarrero Otero, de 39 años, quien también es colombiano y trabajaba
en una pesquera en Punta Arenas, fueron formalizados el 14 de septiembre tras
ser detenidos junto a otros imputados en el denominado operativo “Refugio Sur”,
cuando personal de la PDI, previa autorización ingresó al domicilio del
imputado James Velasco Sánchez, encontrando en su dormitorio dentro de un
calcetín una bolsa contenedora de 118,07 gramos de cocaína, asimismo otra bolsa
que arrojó 0,86 gramos. En un cajón de un velador mantenía una pesa digital,
mientras que en la cocina se hallaron bolsas cortadas listas para dosificar la
droga. Según se indicó en la audiencia, el imputado adquiría la droga a un
tercero que la traía a la zona para revenderla y repartirla entre otros
vendedores de la región.
Horas más tarde, personal de la PDI, se trasladó al domicilio del
segundo imputado Carlos Portocarrero Otero en la Población Cardenal Raúl Silva
Henríquez, encontrando en su dormitorio tres bolsas contenedoras de 13 gramos
la primera, una segunda bolsa con 0,7 gramos y otra con 10.08 gramos de cocaína.
Además de 1,6 gramos de cannabis sativa y otro de 1.1 gramos de cannabis
sativa, dinero en efectivo de 670 mil pesos y 20 dólares.
Con estos antecedentes se formalizó a los imputados por el delito de
tráfico de drogas, siendo enviados a prisión preventiva a la cárcel de Punta
Arenas, por su responsabilidad en el delito, fijándose un plazo para el cierre
de la investigación en cuatro meses.