Tras la decisión de la jueza del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago de declarar ilegal la detención de los 17 funcionarios de Carabineros investigados por el millonario fraude que afecta a la institución, el fiscal de Magallanes a cargo de la causa expresó su malestar argumentando que analizarán recurrir a un tribunal superior.
Pasadas las 17 horas del domingo comenzó una larga audiencia de control de detención, que finalmente terminó a las 4 horas de la madrugada de ayer, en el Centro de Justicia de Santiago, diez horas en que cada interviniente debatió la ilegalidad de la detención.
Tras los alegatos, la jueza Irene Rodríguez decidió decretar la ilegalidad de la detención de los 17 ex funcionarios, por no haber sido informados claramente por los delitos que eran detenidos y en otros casos por haber sido aprehendidos en ciudades diferentes donde debía realizarse el control de detención y no trasladarlos a Santiago, como es uno de los casos del ex jefe de la SIAT de Punta Arenas, Felipe Ávila Pérez, quien fue detenido en la ciudad de Los Ángeles, tras esto todos recuperaron su libertad a la espera de lo que se resuelva por la Fiscalía para solicitar una nueva orden de detención o citarlos a todos a una audiencia de formalización.
Tras la resolución judicial, fueron liberados inmediatamente Felipe Ruben Ávila Pérez, César Gonzalo Fernández Poblete, Victor Manuel Escobar Rodríguez, Francisco Javier Estrada Castro, Nelson Antonio Valenzuela Aravena, Juan Hernán Moraga Gallegos, Mauricio Antonio Saldaña Vidal, Sergio Alexis Collao Cáceres, Ramiro Alejandro Martínez Chang, Claudio Marcelo Venegas Godoy, Patricio Esteban Morales Díaz, Jaime Patricio Paz Meneses, Carlos Waldo Rojas Muñoz, Juan Pablo Muñoz Navarro, Robinson Domingo Carvajal Leiva, Pedro Enrique Valenzuela San Martín y Héctor Emilio Nail Bravo.
Reacciones
Tras la maratónica jornada de control de detención, la libertad de los 17 funcionarios investigados no fue ajena a comentarios de diversas autoridades, entre ellas la del general director de Carabineros Bruno Villalobos, quien señaló que ellos cumplieron las órdenes que correspondían.
Sin embargo, las críticas más duras llegaron desde el Gobierno, donde el ministro del Interior, Mario Fernández, señaló que “las órdenes de detención son evacuadas por el Ministerio Público, entregadas a la policía que el mismo fiscal le ha encargado la investigación y esas órdenes deben cumplirse según el texto que tiene la orden, por lo tanto se trata de una responsabilidad directa y exclusiva del Ministerio Público”.
Ante esto, el fiscal a cargo del caso Eugenio Campos Lucero, señaló que “no es un error de la Fiscalía y lo más probable que el ministro del Interior nunca haya tenido en sus manos una orden de detención judicial. Estos comentarios no son los apropiados, todos debemos colaborar para aclarar los hechos y mi labor es esa, poner a disposición de la justicia a los responsables y acusar cuando los méritos correspondan. Carabineros realizó el procedimiento correctamente y esto no perjudica la investigación, ya tenemos 17 personas y el monto va a ir aumentando. Hemos avanzado ya que recién en octubre comenzó esta investigación y en estos cinco meses tenemos varias personas que tienen que ponerse a disposición de la justicia.
Fiscalía
A pesar de las diferentes críticas al procedimiento, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, argumentó que “la Fiscalía lamenta la resolución adoptada por el tribunal de Garantía de declarar ilegal la detención de 17 órdenes judiciales dictadas por un Tribunal de la República, como lo es el de Punta Arenas. Eso indica a criterio de la Fiscalía no comprender la magnitud de los antecedentes respecto los cuales estamos investigando. Acá no estamos hablando de un delito de hurto falta, se trata de 5.670 millones de pesos hasta ahora, y que por cierto se refiere a estos 17 detenidos, la investigación que tengo en mis manos por cierto que en las próximas horas dará la participación de más personas y otros montos. Lo que estamos dando cuenta aquí es señalar que estamos frente a una organización y una investigación de lavado de activos que se rige por un estatuto especial a las órdenes de detención, lo que no fue comprendido por el Tribunal que no compartió nuestros argumentos. Para dar tranquilidad a la comunidad, la Fiscalía sigue trabajando y deberé realizar más diligencias, dando a conocer que los montos que ya hemos señalado puedan ir creciendo al igual que la cantidad de órdenes de detención. La resolución del tribunal nos tiene molestos, al desconocer normas tan básicas como la ley de activos que se rige sobre esta materia y es un análisis que debemos realizar para ver si recurrimos a un Tribunal Superior”.
El fiscal Campos agregó que “este es uno de los fraudes más grandes que ha sufrido este país. La orden judicial da cuenta de una resolución emanada de un Tribunal que fue solicitada por la Fiscalía en relación a los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, asociación ilícita y lavado de activos, por lo tanto acá no hay un error de la Fiscalía”.
Añadió que el objetivo de la audiencia era realizar el control de detención para solicitar la ampliación de la detención y el traslado de los detenidos para formalizar en el Tribunal competente, en este caso el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.
Por su parte, el fiscal nacional, Jorge Abbott, se refirió a este tema señalando que “pensamos que ha sido un error de la magistrado de no tomar en cuenta la legislación que se aplica en este tipo de investigación de lavado de dinero o activos que aplica en su parte procesal, donde es posible controlar la detención en cualquier Tribunal, en consecuencia pensamos que hay un error en su fundamentación. Se trata del mayor fraude desde que se inició la Reforma Procesal Penal, alcanzando los 6 o 7 mil millones de pesos”.