El
fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos Lucero, reveló ayer
“situaciones de entorpecimiento” por parte de terceros durante la
investigación del fraude en Carabineros.
El
representante del Ministerio Público señaló ayer tras la audiencia de
formalización del ex general director Eduardo Gordon (208-2011) que
“hace dos días vimos un determinado entorpecimiento respecto de terceras
personas que perfectamente podrían estar influenciando, o no, en la
investigación”, en concreto apuntó a un supuesto ex coronel de la
institución, a quien no identificó.
Luego
de su paso por el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, agregó que
“lamentablemente el oficial que estaba a cargo recibió una llamada de un
ex coronel de Carabineros de Chile, al menos así se identificó, que
habría consultado respecto de las diligencias por las cuales se estaría
citando a estos dos civiles”.
En
la jornada, Campos formalizó a Gordon por malversación de caudales
públicos, imputando por el mismo delito al general (r) Jorge Serrano.
Los hechos que dan lugar a las formalizaciones tienen relación con
compras por un monto de 21 millones de pesos y que luego fueron
informadas como donaciones que no fueron recibidas por los donatarios y
que, sin embargo, fueron entregadas a funcionarios de la institución,
según consta en el informe emitido por Contraloría tras realizar un
proceso de auditoría en las cuentas de Carabineros.
Tras
las objeciones realizadas por Campos, el aludido Serrano solicitó un
préstamo a la institución para devolver los montos ya señalados, lo que
fue negado por el entonces general director, quien le habría entregado
un vale vista por la suma de 21.7 millones de pesos financiados, según
él, de sus ahorros. Posteriormente se demostró que los dineros provenían
de la propia institución.
Finalizada
la audiencia, Gordon se negó a hablar con los medios de prensa, pero
Serrano realizó una breve declaración en la que señaló que “presentará
todas las pruebas para demostrar que se trata de un ‘error
administrativo’ y no de un delito”.
El
tribunal otorgó a la fiscalía un plazo de investigación de seis meses y
decretó las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional para
ambos imputados.
Paralelo
a las acciones de la Fiscalía, existe una querella presentada por el
Consejo de Defensa del Estado, que señala que los imputados utilizaron
el dinero “para el pago de regalos y obsequios a una funcionaria de
Carabineros de Chile, sus familiares directos y otros fines
absolutamente ajenos a la institución policial”.
Entre
los regalos se cuentan la compra de diversas especies, tales como
zapatos, mesas de madera, un traje de vestir de dos piezas, una cartera
de mujer, un juego de cucharas, juegos de loza, juegos de sábanas, una
hielera de vidrio, muñecas infantiles, hornos microondas.
Tales objetos regalados a una funcionaria activa de Carabineros a la fecha de los hechos.