El juicio avanza con los detalles de las pericias y las preguntas de
los intervinientes a los funcionarios que viajaron desde la Región de
Valparaíso a ser interrogados por cerca de una hora cada uno.
El fiscal del caso, Juan Agustín Meléndez, señaló respecto a los
dichos del secretario general del Senado, Mario Labbé, que los contratos de
arriendo entre un parlamentario y un familiar no estaba prohibido, pero fue
enfático en señalar que tampoco estaban permitidos. “En la declaración del
secretario general del Senado, se dijo que no estaba prohibido a los senadores
arrendar sedes parlamentarias a familiares, pero agregó que no estaba
permitido, por lo tanto es muy claro que no estaba prohibido pero tampoco
permitido”.
Meléndez fue enfático en señalar que “se ha avanzado mucho en el
juicio y hoy (ayer) han quedado muchos puntos claros, como que ya no existen
dudas que estos arrendamientos de sedes parlamentarias se pagaban con fondos
del Senado, de las cuentas corrientes que son del Senado, y que los fondos que
se incorporan en estas cuentas corrientes del Senado provienen del presupuesto
del Senado y, por lo tanto, son fondos públicos. Ese era un punto que para
nosotros era interesante dejar en claro y establecido, que el arriendo de la
sede parlamentaria fue hecho con fondos públicos, que son aquellos que les llegan
por vía de Ley de Presupuesto al Senado de la República. En otras palabras, el
Senado de la República fue el que pagó el arriendo de la sede parlamentaria”.
El juicio continúa hoy en el Tribunal Oral en lo Penal con el
testimonio de más funcionarios del Congreso.