A diferencia de lo ocurrido en otras ciudades del país, en Punta
Arenas, los fiscales trabajaron de manera normal, adhiriéndose algunos
solamente de manera simbólica.
Según lo expresado por el delegado regional de la Asociación Nacional
de Fiscales, Felipe Aguirre, la paralización en la Región de Magallanes no se
realizó como en otras ciudades. “Más que una situación de paralización, es una
preocupación que muestra el gremio de fiscales por postergación por el proyecto
de Ley de fortalecimiento del Ministerio Público. En ese sentido se convocó a
realizar manifestaciones para dar a conocer la preocupación que afecta el
trabajo diario de los fiscales. A nivel regional hicimos entrega de una carta
en la Intendencia poniendo en antecedente de esta situación y la urgente
necesidad de analizar esta postergación y aprobarse en el mes de mayo este
proyecto”.
Aguirre indicó que las audiencias se realizaron de manera normal en la
región. “De ninguna manera a nivel regional no se tomaron audiencias y no se
dejaron de atender los casos y ha existido normalidad. Todo esto pasa porque
aquí como asociación no se puede pasar por encima de la libre voluntad de los
asociados. Debido a diversas funciones que debemos atender no hemos pensado en
no atender, por lo que significa como perjuicio”.
El fiscal Aguirre, recordó que hace pocos días se realizó una asamblea
en Santiago, donde existió gran representatividad. “En esa reunión hubo un
altísimo número de votación que eligió la directiva nacional y regional, a la
que asistió en Santiago nuestro delegado Oliver Rammsy y en esa ocasión se
analizó las posturas frente a postergación permanente del proyecto aunque no
hay una decisión de lo que va a pasar más adelante”.
Respecto a la movilización, el representante del Ministerio Público,
indicó que la sobrecarga superó a los establecido. “Es innegable que la cantidad
de causas por fiscales y el número de turnos que atienden los fiscales superó
las predicciones al inicio de la reforma. En consideración que han transcurrido
doce años existe un déficit reconocido por la máxima autoridad del Ministerio
Público y los fiscales regionales. El sistema estaba diseñado para una carga de
trabajo diferente y con el tiempo cambió, definitivamente los perjudicados es
la comunidad que no va a poder tener una investigación de calidad, porque la
recarga incide en lo óptimo de la atención y por eso estamos preocupados”.
La posición de los fiscales, se refiere a que no dan abasto con el
doble de las causas que fue diseñado al comienzo de la Reforma Procesal Penal,
donde se esperaban 500 causas por cada fiscal, lo que difiere con las más de
1.200 causas que mantiene cada persecutor en Punta Arenas, de una población de
alrededor de 160 mil personas. Se indica además que el sistema hace que se
trabaje con sobrecarga.