Una
situación insólita vive una contadora que adquirió una casa en el
centro de Punta Arenas. Aunque los dominios están a su nombre, no ha
podido vivir en el lugar porque se mantendría ocupada por el antiguo
propietario, quien ocupa la vivienda como hostal.
De
acuerdo con los antecedentes de la causa, el imputado perdió la
propiedad del inmueble ubicado en Armando Sanhueza con Mejicana a través
de un remate adjudicado por el Banco de Chile. Luego, la entidad
bancaria celebró un contrato de compraventa con la víctima por 4.680 UF
(cerca de 150 millones de pesos).
La
flamante dueña concurrió a su inmueble el 13 de septiembre de 2021. En
el lugar había cuatro habitaciones destinadas a los huéspedes, mientras
que la cocina se habilitó como espacio comunitario. “Por favor, dejar
limpio”, decía un letrero. Incluso conoció a una de las hospedadas,
quien estaba de visita en Punta Arenas por asuntos médicos.
Con
el tiempo, la víctima descubrió que el antiguo dueño publicaba su casa a
través de Airbnb, una plataforma dedicada a la oferta de alojamientos.
Cobraba 25 mil pesos por noche y administraba el hostal con la ayuda de
otros dos moradores.
Ante la negativa del antiguo dueño de entregar la vivienda, la víctima decidió interponer una querella por usurpación.
“A
sabiendas de haber cesado en su calidad de propietario del bien, sigue
manteniendo un comportamiento de amo y señor de esta, administrando y
disponiendo la utilización de la propiedad como hostal, en colaboración y
asociación con otras dos personas”, dice la querella.
La
afectada también inició causas civiles, pero no tuvo éxito. Los
receptores judiciales habrían intentado notificar en seis oportunidades a
los moradores sin obtener resultados positivos.
Formalización
Los
hechos tomaron ribetes policiales. Por instrucción de la Fiscalía, la
Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI llamó a declarar a
la víctima y recabó boletas de consumos básicos y documentos notariales.
Tras
obtener los antecedentes suficientes, el Ministerio Público formalizó
ayer al imputado por usurpación. Solicitaron al tribunal que impusiera
el arraigo regional y la obligación de abandonar el inmueble.
La
defensa se opuso a cualquier medida cautelar, pues correspondían una
sentencia anticipada. Argumentaron que las deudas previas del imputado
provocaron el remate que concluyó con el contrato suscrito entre el
Banco de Chile y la víctima.
El
tribunal decidió no imponer cautelares por considerar que aún no había
antecedentes para dar por acreditado un delito de usurpación. Se fijó un
plazo de 90 días para la investigación.