Una
pena de 10 años y un día de cárcel efectiva por el delito de incendio
más otros 540 días de presidio por participar en desórdenes públicos
solicitó el Ministerio Público en su acusación contra Marcelo Ignacio
Mandujano Salas, a quien se le responsabiliza como el autor del
siniestro que destruyó por completo las dependencias de la AFP Habitat.
Estos
hechos acontecieron durante la noche del martes 12 de noviembre de
2019, cuando en el contexto de los graves incidentes que se registraron
tras las manifestaciones por el estallido social, individuos
desconocidos instalaron barricadas en diversas esquinas del centro de
Punta Arenas para evitar la circulación de los vehículos. Ese momento
habría sido aprovechado por el imputado, cerca de las 21.20 horas,
cuando en compañía de otros dos sujetos se aproximaron hasta las
oficinas de la administradora de pensiones, situada en la intersección
de la Avenida Colón con calle Magallanes, lugar donde procedió a forzar y
doblar las protecciones metálicas que guarnecían su estructuras,
permitiendo el ingreso de los manifestantes.
Una
vez en el interior, se le acusa a Mandujano de sacar mobiliario hacia
la vía pública junto con otros sujetos, las que se utilizarían para
alimentar la barricada incendiaria instalada frente al edificio para
luego provocar desórdenes. Tras lo anterior, el sujeto junto a otras dos
personas habrían retirado una plancha ardiendo en llamas desde la
referida fogata, y corriendo al unísono la arrastraron hasta el interior
del inmueble con la intención de incendiarlo, lo que habría ocasionado
el devastador fuego que arrasó con la estructura
“En
definitiva, la acción del imputado Mandujano y los otros dos sujetos
para ejecutar el incendio desde un principio fue coordinada y conjunta a
los pocos minutos y como consecuencia de la acción del imputado y los
otros sujetos, se produce un incendio de grandes proporciones comenzando
a observarse llamas desde la AFP Habitat, el que, en definitiva, afectó
a toda la estructura y su interior, resultando con daños totales”, se
extrae del documento.
Los
daños en el mobiliario y el equipamiento ascienden a la suma estimativa
de 25 millones de pesos, mientras que el avalúo de la empresa
propietaria del edificio siniestrado se elevó a los 400 millones de
pesos. Además se pide que se considere la circunstancia agravante de haber perpetrado el ilícito con ocasión de conmoción popular
Respecto
del estado de la causa, el jefe de la Unidad de Análisis Criminal y
Focos Investigativos del Ministerio Público, fiscal Felipe Aguirre
indicó que “se cerró esta investigación casi un mes antes del plazo que
se había fijado para tales efectos, el cual vencía el 8 de julio”.
La
acusación contempla diversos medios de prueba, tanto documentos como
peritos y una gran cantidad de recursos audiovisuales y digitales, los
que serán llevados a juicio en los próximos meses con la finalidad de
conseguir un veredicto condenatorio del imputado.