Tras varias suspensiones y retrasos en la preparación de juicio en el denominado caso de “tumbas inundadas”, ayer se inició la audiencia por las más de 500 víctimas que se querellaron contra el Parque Cruz de Froward.
A las 9 horas de ayer, en la sala 1 del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la jueza Paula Stange dio inicio a la audiencia de preparación de juicio, dando a conocer la acusación de la Fiscalía, la cual sólo va en contra de John Dick Cruzat. Se señala que el imputado, en su calidad de gerente de la Inmobiliaria Parque Cruz de Froward, procedió mediante engaño a vender desde el 16 de diciembre del año 2002 hasta octubre de 2011 derechos perpetuos de sepultación en terrenos con distintas capacidades en el Cementerio Parque Cruz de Froward, ubicado en el kilómetro 7 Norte, en el sector de Tres Puentes, haciendo creer a los clientes que los terrenos cumplían con las normas sanitarias legales y reglamentarias para la sepultación de sus familiares, situación que no tenía la actitud física ni técnica para el destino que se daría, que no se cumplía con las exigencias sanitarias para su funcionamiento, careciendo de los drenajes adecuados que permitieran la permeabilidad del suelo, lo que incurrió el imputado para producir el engaño a sus víctimas, lo que se verificó con la exhumación de cuerpos. Fue así que se perjudicó a las víctimas en alrededor de 300 millones de pesos.
Con estos antecedentes la Fiscalía pide para el imputado John Dick Cruzat, a quien se le acusa de los delitos de estafas reiteradas y entrega fraudulenta reiterada, una pena de cinco años de presidio, tal como lo indicó el fiscal regional Eugenio Campos: “Es una audiencia que ya en mayo del año pasado se había suspendido a raíz de diversas incidencias. Estamos recién comenzando, donde se realizó una lectura de las acusaciones y ahora vendrá la discusión de prueba. Va a ser una preparación de varios días por la cantidad de querellantes y esperamos que finalice el viernes, sin perjuicio de algún incidente. Aquí la Fiscalía acusó a una persona, pero se dedujeron acusaciones particulares respecto de otras personas que también en su momento fueron formalizadas y la Fiscalía tomó la decisión de no perseverar”.
Por otra parte, el querellante Javier Opazo, en su acusación particular, en representación de alrededor de 250 víctimas, señala los hechos similares a la acusación de la Fiscalía, sin embargo, pide para toda la directiva de la inmobiliaria, es decir contra Matías Izquierdo Meneses, Héctor Bravo Garretón, Alfonso Vial Sánchez, Pedro Larraza Alberdi, Luis Bravo Herreros y John Dick Cruzat, por los delitos de estafa, penas de cinco años de presidio para cada uno de ellos. Además se demandó solicitando el pago de una suma de 3 mil millones de pesos para cada uno de sus representados.
Otro de los querellantes, Rodrigo Ortiz, en su acusación particular representando a otro grupo de afectados. pide una pena de diez años de presidio para todos los acusados por los mismos delitos.