Este
domingo se dio a conocer un deleznable caso de violación ocurrido al
interior de una residencia sanitaria situada en calle Armando Sanhueza
de Punta Arenas, donde cuya víctima fue una joven Técnico en Enfermería
que se desempeñaba al cuidado de los pacientes con Covid-19 positivo, y
que durante la madrugada de aquel día habría sido abordada por dos
ciudadanos de nacionalidad indonesia, quienes la agredieron sexualmente,
uno como autor y el otro como cómplice del hecho.
Y
tal como lo había adelantado en una rueda de prensa, el Intendente de
Magallanes José Fernández interpuso este lunes ante el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas una querella criminal en contra de los dos
imputados asiáticos como autores del referido delito sexual.
Pese
a que los distintos gremios de la salud venían solicitando desde hace
varias semanas una mayor seguridad y resguardos para este tipo de
inmuebles destinados al aislamiento de las personas contagiadas, tuvo
que ocurrir este lamentable episodio para que recién las autoridades
tomaran cartas en el asunto, una actitud reactiva que ha sido reprochada
unánimemente por la comunidad.
Según
se detalla en la acción penal, ambos extranjeros se encontraban en
cuarentena obligatoria al interior de la residencia sanitaria al ser
casos positivos de Coronavirus, y en ese contexto, le solicitaron a la
profesional ayuda para pedir comida a domicilio, y posteriormente la
conminaron a fotografiarse con ellos. Sin embargo, cuando la víctima se
retiraba de dicha habitación, fue tomada por el cuello y trasladada al
baño, siendo agredida sexualmente por uno de los sujetos.
La
querella en contra de Abul Kadir y Septian Wilando pide la remisión de
antecedentes al Ministerio Público, además de que se despache una orden
de investigar a la Policía de Investigaciones solicitando, además de las
diligencias que se estimen pertinentes, la inspección y fijación
fotográfica del sitio del suceso, como también, la toma de declaración
de familiares de la víctima. Además que se decrete el empadronamiento de
posibles testigos de los hechos como también que se solicite el
extracto de filiación y antecedentes de los querellados.
“Esperemos
a que el tribunal acoja esto a tramitación y que se le puedan aplicar
las máximas penas que establece nuestra legislación, que para casos como
este puede llegar hasta 15 años de cárcel efectiva. No podemos permitir
que acciones como éstas se vuelvan a repetir y mucho menos que se esté
maltratando a una mujer”, dijo el jefe regional.
Está recién comenzando
Por otra parte, el defensor penal público Ramón Bórquez, tras la audiencia de formalización
que terminó con la prisión preventiva de sus dos representados,
manifestó que esta causa está recién comenzando, por lo que se debe
considerar la presunción de inocencia y que el proceso avance antes de emitir algún juicio a respecto.
“En
esta causa, la investigación está recién comenzando. Ellos al término
de la audiencia y a solicitud de la Fiscalía, accedieron y autorizaron
para que voluntariamente se les hiciera un hisopado bucal o muestras de
células que se obtienen de la boca, para poder después realizar los
análisis comparativos de ADN. También autorizaron expresamente para que se revisaran y periciaran sus teléfonos celulares”, recalcó el abogado.
Es
un hecho que impactó a todo el país, y en el cual el Ministerio Público
cuenta con 120 días para investigar. Cabe señalar que el Intendente
Fernández había sugerido la tarde del domingo que eventualmente se
solicitaría la expulsión del país de ambos ciudadanos indonesios, sin
embargo, según el Código Procesal Penal, el delito de violación tiene
pena de crimen, por lo que, en el caso de ser condenados, los asiáticos
deberán cumplir su condena con pena efectiva, y sólo quienes arriesguen
penas que van hasta los cinco años de presidio pueden optar al beneficio de la expulsión.