El
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querelló en contra de
los responsables de una detención que concluyó con un adolescente de 17
años policocontuso y con múltiples equimosis.
El
organismo acusa que el joven fue víctima de un delito de apremios
ilegítimos. El Juzgado de Garantía de Punta Arenas remitió los
antecedentes a la Fiscalía para que indague responsabilidades penales.
La detención
Los
hechos habrían ocurrido el 21 de mayo. De acuerdo con el parte
policial, el joven escaló el cerco perimetral de una casa ubicada en
Avenida España con Manantiales. Luego ingresó por una puerta que se
encontraba entreabierta y se encontró de frente con la moradora, a quien
conocía previamente.
Presuntamente,
el adolescente forcejeó y empujó a la propietaria, quien debió
encerrarse con pestillo en una habitación. El joven la habría seguido y
habría golpeado la puerta, la cual resultó fracturada y con rastros de
sangre.
Carabineros
llegó al lugar de los hechos a las 12 horas, aproximadamente. El parte
policial indica que el joven se opuso al arresto.
“Una
vez que el sujeto baja hasta el primer piso se procede a su detención,
oponiendo tenaz resistencia, por lo que se ven con la obligación de
solicitar cooperación a los dispositivos que se encontraban al servicio
de la población”, dice el parte. “Logran doblegar la fuerza del detenido
usando la fuerza necesaria, indicándole el motivo de su detención”.
Querella
Según la querella, los padres del adolescente y la Defensoría Penal Pública supieron del procedimiento a las 18 horas.
En
la entrevista con su defendido, la abogada Karina Ulloa constató que el
joven tenía lesiones en su rostro, brazos y muñecas, por lo que sugirió
una nueva constatación de lesiones en el hospital regional.
El
nuevo Dato de Atención de Urgencia (DAU) arrojó que el joven había
quedado policontuso y con una equimosis en la parrilla costal, hombro
izquierdo, rodilla, pierna y manos. Quedó con medicamentos y reposo por
una semana.
Cuatro días después de los hechos la Corporación Opción presentó una denuncia por apremios ilegítimos a la Fiscalía.
El
lunes se sumó el INDH a través de una querella. Solicitan que se
despache una orden de investigar a la Brigada de Homicidios de la PDI y
que se oficie al hospital regional para que remita el DAU. También piden
que el Servicio Médico Legal practique un peritaje físico y sicológico a
la víctima, conforme a las reglas del Protocolo de Estambul.