El Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas ordenó el reintegro de una funcionaria civil de la Policía de Investigaciones (PDI) que fue desvinculada el año 2014. Además, deberá pagarle 10 millones de pesos de indemnización y los sueldos que dejó de percibir durante los dos años que estuvo fuera de la institución.
De acuerdo con lo señalado por el abogado de la victima, Marcos Ibacache, se obtuvo un positivo resultado ante una demanda civil. “Se interpuso una demanda civil que tiene por objeto anular el acto administrativo que dio de baja a mi representada de la Policía de Investigaciones. Esta resolución, al entender de esta parte, fue tomada sin seguir el curso legal, porque se trataba de una enfermedad que se le había diagnosticado a mi representada y llevaba muchos meses con licencia, por lo que debió habérsele iniciado una investigación sumaria administrativa y en ella, además, ver el grado de inutilidad que tenía y cuál era el origen de esa afección. Se hicieron informes por un solo médico y no por una junta médica como lo señala el reglamento de la Policía de Investigaciones y en virtud de eso el tribunal estimó que efectivamente no se había seguido el curso administrativo legal y ordenó el reintegro a la Policía de Investigaciones, manteniendo su grado y su sueldo. Además deben pagarle todos los sueldos que no se le pagaron durante estos dos años que ha estado fuera. Esta parte alegó un daño moral que afectó su estado, el tribunal accedió y otorgó una indemnización por daño moral de 10 millones de pesos, entendemos que es una sentencia justa y que seguramente será confirmada por la Corte ante el evento de una apelación”.
El abogado agregó que “se ha hecho justicia, ya que la desvinculación de la demandante no se ciñó a los reglamentos y leyes que rigen los procedimientos ante enfermedades invalidantes, por parte de la Policía de Investigaciones, fallo que va a servir de antecedente ante tantos otros casos en que por una enfermedad derivada del servicio, se le desconoce dicha calidad y por ende los beneficios que podría corresponderle”.
La demanda interpuesta en el Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas señala que la afectada, Ivonne Echeverría López, el año 2004, en la ciudad de Puerto Montt, mientras se desempeñaba en labores administrativas, habría sido objeto de un sumario por un altercado, sufriendo menoscabo y humillaciones -señala la acción judicial- fue castigada con días de arresto y posteriormente fue absuelta de los cargos. Tres estos hechos, la demandante siguió trabajando en la PDI en Puerto Montt junto a las mismas personas, para posteriormente solicitar su traslado a Punta Arenas, donde se desempeñó tranquilamente y llegó a ser seleccionada como la mejor funcionaria administrativa de la institución. Sin embargo, la afectada señaló que en su lugar de trabajo se supo de los problemas en la Región de Los Lagos, por lo que la demandante señaló que siguió trabajando, pero bajo presión, incluso cuando tuvo la posibilidad de viajar a una junta médica en Santiago, se le negó el permiso, Cuando logró la autorización, sólo se entrevistó con un médico siquiatra de la institución, a quien le explicó la situación vivida, instancia en la que el facultativo le manifestó que la PDI no la quería en sus filas y luego de 10 minutos la despachó sin darle una nueva hora, La mujer señaló, además, que el año 2013 se le notificó que su salud era incompatible para el cargo que ocupaba, tras las licencias médicas que presentó en el período comprendido entre los años 2011 y 2012, alcanzando 200 días, según el informe de la PDI, “sin mediar declaración de salud irrecuperable”. Ante esto, se presentó la demanda contra el Fisco por un monto de 500 millones de pesos, lo que finalmente el tribunal determinó que fueran 10 millones de pesos.