Fue el jueves que los pescadores del Sindicato Sur Austral y personal de Carabineros se enfrentaron en el denominado “Cruce de la muerte”.
La situación finalizó con nueve detenidos, ocho hombres y una mujer, donde en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, cada uno fue formalizado por distintos delitos, tales como desórdenes públicos, daños calificados y disparos de fuegos artificiales.
“Todos ellos fueron formalizados por desórdenes públicos del artículo 268 del Código Penal, el cual sanciona especialmente no solamente el obstaculizar el tránsito vehicular y peatonal, sino también el lanzamiento de objetos contundentes contra cualquier vehículo. En este caso, fueron vehículos de Carabineros que habían concurrido al lugar, en una contingencia para restablecer el orden público”, comentó la fiscal Rina Blanco, precisando además que la mayoría de los detenidos no tenía antecedentes policiales.
En las audiencias estuvo el presidente del sindicato Sur Austral, Jorge Gallardo, quien acusó brutalidad por parte de Carabineros, amenazó con presentar una querella y solicitó la renuncia del delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic.
“Nos vamos a reunir con la gente de los Derechos Humanos. Igualmente solicitamos la renuncia del mayor de Carabineros, el delegado presidencial también porque no está haciendo su trabajo y no tiene conocimientos. El seremi de Gobierno también tiene que irse. Esas tres personas tienen que renunciar. No son personas que estén haciendo algo para la ciudadanía. Está bien que el mayor de Carabineros sea mandatado, pero tiene que tener conciencia con la ciudadanía, nosotros somos seres humanos. A nosotros nos fueron a maltratar, como si fuera una lobería, con palos. Entonces no, vamos a presentar querella en contra de Carabineros”, indicó el sindicalista.
Todos los imputados recuperaron su libertad, quedando cada uno con medida cautelares diferentes, las cuales fueron arraigo regional y firma mensual, dependiendo del caso. Tras ello, los pescadores fueron recibidos con aplausos a la salida del tribunal, por parte de sus colegas que los estaban esperando.
Cabe recordar que los pescadores artesanales anunciaron estas movilizaciones la semana pasada, luego que fracasaran sus negociaciones con una empresa procesadora de luga, la cual les ofreció 600 pesos por kilo, valor que los pescadores consideraron absolutamente insuficiente para siquiera hacerse a la mar, por lo que pedían mil pesos el kilo de producción.