Ayer,
en una audiencia de procedimiento simplificado, una conductora
argentina decidió aceptar los hechos y ser condenada, para así poder
retornar a su país luego de encontrarse judicialmente con la prohibición
de salir de la Región de Magallanes.
Fue
así que la jueza (s) Connie Fuentealba, condenó a la conductora
argentina Mónica Beatriz Llaipén Fuente a la pena de 61 días de
presidio, a la suspensión de licencia y se le otorgó el beneficio de la
remisión condicional, por lo que tendrá que viajar desde Río Grande
(ciudad de origen) a firmar mensualmente a dependencias de Gendarmería
de Porvenir.
Tras esto, se le alzó la medida cautelar de arraigo
regional que pesaba sobre la conductora argentina desde que fue
formalizada al día siguiente del accidente.
El
día 28 de abril de este año, alrededor de las 20.45 horas, Mónica
Beatriz Llaipen Fuentes, de 34 años, conducía el vehículo Chevrolet
Spin, por calle Sargento Aldea, cuando al llegar a la esquina de calle
General Salvo, en el Barrio Prat, la conductora -según los antecedentes-
de manera negligente y con infracción de reglamentos, no respetó la
señal “ceda el paso” que enfrentaba, siendo colisionada por el vehículo
Opel modelo Corsa Swig conducido por Erick Rival Oyarzo, choque de
importante energía que incluso derivó en el volcamiento del vehículo
argentino.
A
consecuencia de lo anterior, Erick Rival resultó con lesiones graves,
con un tiempo de sanación superior a 30 días, consistentes en
“policontusiones, luxación de cadera derecha” siendo intervenido
quirúrgicamente el mismo día de los hechos, a raíz de la gravedad de sus
lesiones. “No quedo conforme con esto, porque al no tener antecedentes
anteriores y al reconocer su culpabilidad se le rebajó la condena a 61
días firmando, suspensión de licencia por un año y además se le levantó
el arraigo regional.
Me desempeño como ingeniero mecánico, pero no he
podido volver a trabajar de manera particular, ya que me ha traído
complicaciones porque debo pagar el arriendo, las cuentas que pagar,
tres meses terribles. Además en el hospital no ha tenido espacio para
atenderme. Ahora solo queda pensar en la demanda civil que debo
realizar”, dijo el afectado.
Señaló también que junto a su abogado, Javier Opazo, presentarán una demanda civil para poder cancelar su tratamiento médico que lo mantiene sin poder retornar a trabajar.