Dos nuevos casos de delitos
sexuales son investigados por la Fiscalía. En ambos, las víctimas son menores y
los imputados sus padres.
El primero de los hechos apunta a
un funcionario del Ejército, que fue denunciado por su hija de actuales 10
años.
En la audiencia de formalización
de la investigación, que se realizó en la sala 4 del Juzgado de Garantía, el
fiscal del caso Fernando Dobson solicitó la prisión preventiva, por representar
la libertad del imputado un peligro para la víctima.
“Son hechos que habrían ocurrido
en el transcurso del año 2013. El
imputado es el padre biológico de la menor, quien a esa época se había
trasladado a Punta Arenas para iniciar una relación con él, toda vez que
anteriormente no vivían juntos.
El fiscal agregó que todo quedó
al descubierto una vez que la menor reveló lo sucedido a su abuela. Todo esto fue tratado a nivel familiar, se
formuló la denuncia, pero el tribunal de familia decreta una prohibición de
acercamiento del imputado a su hija y luego una investigación penal que derivó
a estos antecedentes, donde el propio imputado está confeso y se dispuso la
prisión preventiva en recinto militar, toda vez que se trata de un funcionario
del Ejército.
En el mismo Juzgado de Garantía
de Punta Arenas, pero en la sala 1, otro padre de una menor fue formalizado por
un delito de connotación sexual.
En la audiencia, el fiscal Oliver
Rammsy le indicó a J.E.M.S. que era
investigado por la denuncia de su hija de actuales 15 años, donde señala que
fue abusada y violada.
De acuerdo a los antecedentes,
los hechos ocurrieron entre los años 2010 y 2011, en circunstancias que la
víctima se encontraba con su padre en su domicilio de la Población 18 de
Septiembre.
Se agrega que el imputado aprovechaba de estar a solas con la
menor para realizarle tocaciones e, incluso, en una ocasión la violó, todo esto
bajo amenazas de matar a su madre. Ante estos hechos, el imputado fue
formalizado por los delitos de abuso sexual reiterado.
A pesar que el fiscal del caso,
Oliver Rammsy, solicitó la prisión preventiva, el juez Arturo Briceño no
accedió, por lo que el imputado quedó en libertad con la medida de prohibición
de acercarse a la víctima.