Luego de suspensiones y recesos, por situaciones administrativas y enfermedades, finalmente ayer se dio por finalizado el juicio en contra de siete imputados por el caso Rayen, dejando para el mediodía de hoy la entrega del veredicto.
El 6 de marzo de este año se dio inicio a un juicio que se inició por denuncia de irregularidades cometidas por diferentes autoridades y empresa a cargo de la limpieza del sector céntrico de Punta Arenas, tras el aluvión que se registró en el mes de marzo de 2012.
Ante esto, el primero de los imputados que tomó la palabra para dar su testimonio por primera vez tras ser acusado fue el ex intendente de Magallanes en esa época, Arturo Storaker Molina, quien señaló ante los jueces: “Quiero señalar a este tribunal que me siento orgulloso de haber participado en un evento tan catastrófico como el desborde del Río de Las Minas, digo orgulloso porque no hubo muertes. Las personas quedaron con toda esta destrucción, vi gente que preguntaba cuándo nos toca a nosotros la ayuda, parte el alma a las autoridades.
Durante la entrega de la ayuda nunca me puse en una foto enviaba a colaboradores. Por otro lado, entraron diputadas, senadores que no hicieron nada, simple show de sacare la foto, pero salían de ahí sabían todas las irregularidades, pero frente cara a cara no decían nada. Me duele ver a tanto funcionario público trabajando de sol a sol y en este tribunal se ven destruidos recibiendo el pago de Chile. Cuando dije que me iba señalé que la verdad siempre aflora”.
El segundo de los imputados que habló frente a los jueces fue Javier Gajardo Castro, quien dijo ante los jueces que “después de haber realizado un gran trabajo, nos sacrificamos y hubo gente que no dormía porque trabajamos durante las 24 horas. Vengo de una familia de esfuerzo que me enseñaron a que si me comprometo con algo hay que cumplir. Durante estos cinco años me he sentido menospreciado como persona, golpeado socialmente. En el tema financiero pude lograr cosas, pero tras esto tuve que aprender a pararme, a reconstruir mi vida familiar, porque ha sido golpeada, todos mis cercanos, mi padres, mis hijas y creo que no nos merecemos esto. Es más hace un año el comisario a cargo de la investigación sentado en mi casa junto a mis dos hijas me dijo que tenía claro que era inocente y que esta investigación tenía otra arista de seguimiento.
Entonces me pregunto qué tengo que hacer yo acá. La verdad espero poder reconstruirme y surgir, ya que es doloroso luchar por la familia más que por uno. Nosotros como personas fuimos manoseados”.
Por su parte, Patricia Leiva, fue enfática en señalar que “muchas veces solicité al fiscal que me tome declaración, pero no me dieron espacio. Me han basureado por hacer un negocio dando trabajo a muchas personas. No solamente sacamos el barro, sino que sacamos la mugre. Son cinco años que la empresa quebró gracias a una diputada que ahora quiere ser presidenta, que destruyó una empresa y a muchos trabajadores por un tema político. Muchas veces llamamos a la diputada y nos dijo que ella no se metía en esas cosas, pero sí podía destruirnos y a toda esta gente que está acá. El daño y perjuicio que nos han hecho es muy grande, la Fiscalía tenía toda mi documentación, acusan con una facilidad y aún no veo las pruebas”.
Luis Sáez
Otro de los acusados, Luis Sáez, señaló que “lo que aquí ha faltado es mostrar el contexto al que nos enfrentábamos, si uno recuerda que las únicas fotografías que mostraban era que las calles seguían sucias. Se quiere hacer pensar, además, que mi persona dirigía en el servicio de Gobierno Regional definía todo, sin embargo, eran 120 funcionarios, 50 de finanzas, es un servicio público y no una monarquía.
Aquí no estamos hablando de una investigación apresurada, esto empezó hace cinco años, con todos los medios para preguntar a la parte acusadora, nunca me negué a declarar y acá no fue tomado en cuenta, sólo hacernos ver con un poder que no teníamos, no tiene sustento que dos personas tengan el poder de manejar todo, acá se ocultaron muchas cosas, pero contaron la historia que quisieron mostrar, esto hasta que aparecieron las defensas luego de cinco años, mismo tiempo en que aparecieron 245 publicaciones de prensa que repetía sistemáticamente que acá había una asociación ilícita sin poder defendernos”.
Javier Alejandro Gómez Letelier, dijo que “trabajé como asesor jurídico en la seremía de justicia sin haber estudiado, nunca he dicho que soy abogado ni tampoco he firmado algún documento, fui querellado por ejercicio ilegal de la profesión, pero no se dio inicio a la investigación. He escuchado de lo que se me ha acusado, yo dirigía casi todo en terreno y con funcionarios de Gendarmería con palas empezamos a limpiar para poder atender a la gente y de eso es lo que se me acusa, esto me castigó mi imagen en los medios de comunicación por lo que no pude postular a ningún cargo publico, por lo que se ha sufrido”.
Pablo Sáez, también habló ante los jueces señalando que “soy asesor empresarial prácticamente 15 años, mi trabajo es buscar oportunidades de negocios para los clientes, si la Fiscalía no logró entender esto no lo sé, sólo me dedico a buscar oportunidades de negocios para clientes y eso es lo que hice”.
Finalmente Hugo Reyes Tureuna no quiso hablar.