Los
padres de un pescador fallecido el año 2014, se querellaron contra una
empresaria pesquera por realizar un contrato simulado y no pagar una
indemnización que le obligó realizar la Corte de Apelaciones de Punta
Arenas.
De
acuerdo a lo señalado por el abogado querellante, Juan José Arcos, la
mujer intentó con esta acción evadir el fallo del Tribunal de Alzada.
“Se trata de una empresaria pesquera que fue condenada a pagar 50
millones de pesos por indemnización en la muerte del pescador Juan
Antonio Caipillan Tipaina, sin embargo esta mujer asesorada por su
abogado, comenzó a vender todas sus propiedades y bienes, pero
traspasándolos a sus familiares, lo que significó que esté realizando un
contrato simulado, porque ella cometió un fraude para no cumplir un
fallo de tribunales, intentando eludir así lo decidido por la Corte de
Apelaciones de Punta Arenas”.
De
acuerdo a lo indicado en la querella criminal, los hechos se remontan
al 18 de septiembre de 2014, cuando la víctima fatal, el pescador Juan
Antonio Caipillán Tipaina, fue invitado por el capitán de la nave Katyta
a una celebración que se realizó a bordo de la nave para conmemorar las
Fiestas Patrias. Para esta celebración la armadora de la nave, la
querellada María Antonia Arizmendi, a sabiendas de la prohibición de
transportar bebidas alcohólicas a zona de pesca y eludiendo los
controles de la policía naval, le proporcionó al capitán de la nave,
empanadas, vino y chicha.
Fue
así que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas condenó a la empresa
armadora, acogiendo la demanda interpuesta por Juan Edulio Caipillán Millalonco
y Florinda del Carmen Tipaina Güichapani, padres del fallecido, a
pagarles por parte de la representante de la empresa María Antonieta
Arismendi Carimonei, la suma de 50 millones de pesos, correspondiéndole a
cada uno la suma de 25 millones de pesos por los hechos que ocurrieron
las Fiestas Patrias del 2014, y donde los padres de la víctima debieron
viajar desde Chiloé para llevar los restos de su hijo.
A
fin de eludir su obligación, la querellada, procedió a ceder sus
códigos de pesca, de la misma forma, la nave Katyta, también fue
transferida a su cónyuge, y así eludir el pago de la millonaria
indemnización.
La querella criminal pide que la Fiscalía investigue los hechos que constituyen la comisión del delito de celebración de contratos simulados.