Hasta
la Corte de Apelaciones de Punta Arenas podría llegar en los próximos
días el defensor penal penitenciario, Pablo Chandía, para apelar la
decisión del Juzgado de Garantía de no acceder a la eventual
modificación del cumplimiento de la pena de cárcel por una pena mixta de
libertad vigilada intensiva respecto a su representada Mariela Edith de
los Milagros Mañé, quien en noviembre de 2017 protagonizó un fatal
accidente de tránsito que terminó con la vida del ciudadano colombiano
Mario Carabalí Valencia.
El
abogado argumentó que esta posibilidad está contemplada en la Ley
18.216 de Penas Sustitutivas, que consiste en que cuando una persona ha
purgado un tercio de su condena en la cárcel, en una pena de hasta 5
años 1 día y, demuestra haber cumplido con las exigencias y requisitos
que esa misma normativa establece, ésta puede terminar el saldo de esa
condena en libertad bajo monitoreo telemático y control por parte de
Gendarmería de Chile.
“Privilegio”
Pese
a que la decisión de recurrir al máximo tribunal magallánico aún no
está tomada, la noticia generó controversia y polémica, principalmente
en los familiares y seres queridos del malogrado padre de dos hijos,
quienes apuntaron sus dardos en contra de la justicia y la legislación
nacional, al permitir que este tipo de “privilegios” –según calificaron-
sea otorgado a quienes aún están reclusos por graves delitos.
María
Cristina Carabalí, hermana de Mario, exteriorizó con efusividad su
profundo y sincero resquemor a estas acciones establecidas en la ley,
aseverando estar decepcionada con el sistema de justicia y evidenciando
que el mismo los estaría discriminando por su condición de extranjeros.
“Yo
estoy impresionada, porque nunca imaginé que en tan poco tiempo ella
pudiera optar a ese privilegio, sabiendo que estuvo más de 200 días
prófuga. Esto es como un premio cuando aún no ha pagado el daño que nos
hizo, lo encuentro demasiado injusto. Me siento totalmente decepcionada
de la justicia chilena, pareciera que lo que le pasó a mi hermano se ha
tratado peor que si hubiese sido la muerte de un perro o de un animal,
porque cuando una persona le hace daño a un animal, ésta tiene que
pagar. Imagínese las circunstancias en que ella mató a mi hermano.
Pareciera que ella se hubiese burlado de la justicia, porque ella estaba
aquí en Punta Arenas cuando estuvo prófuga. A ella la capturaron y que
ya en menos de un año, se vaya para la casa, me parece el colmo, la
verdad es que estoy impresionada”, reconoció.
“Nos sentimos discriminados”
La
mujer adelantó a Pingüino Multimedia que tras conocerse esta situación,
están como familia tratando de buscar apoyo por medio de diversas
organizaciones y ONG’s, donde no descartan manifestarse públicamente en
rechazo si es que el tribunal de alzada falla a favor de la defensa de
la condenada.
“Mi hermano era una persona bien sociable, mucha gente lo quería y a
todos nos duele mucho que con esto no se haga justicia. Ella ni siquiera
ha pagado con la tercera parte, y considero que esta persona después de
lo que hizo, se burló de las autoridades y de nosotros. Nada va a hacer
que resucite mi hermano porque ya no se puede hacer nada, pero lo justo
sería que pague el tiempo que corresponde. Estamos buscando apoyo en la
comunidad de migrantes porque esto no puede quedar así. Esta vez fue mi
hermano, pero puede pasarle a cualquiera. Yo no sé si a otras personas
también las tratan así, pero nosotros como colombianos nos sentimos que
hemos sido discriminado”, complementó.
Un mal ejemplo…
Por
otra parte, Angélica Flórez, quien actualmente integra el Comité
Migrante “Sin Fronteras”, señaló que ha sido fiel testigo de todo este
proceso desde la muerte de Mario, porque aparte de un compatriota,
manifestó que él era su amigo, que su familia es muy cercana a ella, y
que este tema le ha “dolido mucho”.
“Me
da una pena decir que es una injusticia que exista esa posibilidad para
esta persona, ya que ha cometido un delito, y no entiendo por qué debe
tener privilegios. Es ahí donde uno ve que a la justicia le falta, y me
duele mucho. Ojalá que la Corte de Apelaciones no apruebe una cosa de
éstas, porque sería un mal ejemplo para muchos más que salen
alcoholizados o drogados a conducir, que van matando por el mundo a las
personas y saben que puede existir una posibilidad de cumplir ni
siquiera una tercera parte de la condena”.
Justicia restaurativa
Desde
Santiago, los representantes de la Fundación Emilia también tomaron
conocimiento de esta situación, expresando su presidenta, Carolina
Figueroa, que ella entiende la determinación de la defensa de Mariela de
recurrir a la legislación vigente para optar a esta pena sustitutiva,
pero admitió que se debe considerar en este caso la necesidad de que las
víctimas tengan una justicia restaurativa.
“Entendemos que la defensa de la imputada quiera ir a la Corte
de Apelaciones pero aquí hay que tomar en cuenta datos sumamente
relevantes: primero, que la sentencia dada en 2018 no pudo ser
ejecutoriada en su primera etapa porque la imputada se dio a la fuga.
Creo que ése no es un antecedente menor, ya que si se mantiene prófuga
por un tiempo determinado no se cumplen los preceptos del artículo 196
de la Ley Emilia, por la cual se le procesó; y luego tiene una pena
asociada posterior, por lo que me parece que en este caso particular la
petición ante la Corte no da a lugar, en función de que no cumple con
los requisitos de haberse entregado en el momento en que se estableció
la primera sentencia”, puntualizó.