El
domingo, detectives de la PDI concurrieron a un inmueble particular,
ubicado en calle Capitán Guillermos, debido a que se solicitó su
presencia para verificar la situación migratoria de 23 ciudadanos
colombianos, detenidos por infringir el Artículo 318, del Código Penal.
Según
informaron desde el Departamento de Migraciones y Policía
Internacional, tras la fiscalización se detectó que 16 extranjeros se
encuentran residiendo de manera regular en el país, mientras que siete
están de manera irregular, la mayoría de ellos por poseer sus visas
vencidas, sin haber realizado trámites de renovación.
“Se
hace presente que la totalidad de las personas serán denunciadas ante
la autoridad administrativa por infringir el Artículo 17 de la Ley de
Extranjería, mientras que los ciudadanos colombianos que se encuentran
de manera irregular en el país, serán denunciados además por infringir
el Artículo 71 de la misma Ley, con el fin de que se adopten las medidas
correspondientes”, señaló el comisario Patricio Gómez, jefe del
Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas.
Ahora,
una vez que sea informada la situación de manera oficial por parte de
la PDI a la Gobernación Provincial de Magallanes, los antecedentes son
analizados, y posteriormente se entregan a la Intendencia de la Región
de Magallanes, para que se sigan los cursos de acción respectivos, donde
podrían verse incluso expulsados del país, considerando que son siete
los ciudadanos extranjeros, y reviviendo lo que pasó en la capital,
donde una gran cantidad de ciudadanos extranjeros fueron deportados de
Chile por su condición irregular.
Las fiscalizaciones que se han mantenido de manera permanente
por parte de la PDI, han dejado diversos resultados, recordando que la
semana pasada dos ciudadanos venezolanos fueron detectados en nuestro
país, luego de haber ingresado de manera ilegal, situación que ya fue
informada a la entidad administrativa y se tomen los resguardos y
determinaciones respectivas.
Las
personas en situación irregular, tiene relación a que no cuentan con su
permiso de permanencia actualizado, y por temas administrativos no lo
han realizado, hecho que deberá ser indagado por la Gobernación y la
PDI.