Esta actividad, que es totalmente legal cuando se respetan los marcos
regulatorios, pasa a ser un hecho ilegal cuando aquellas normativas no son
acatadas, afectando a especies en peligro de extinción, lo que en definitiva
constituye el tráfico y comercialización ilegal de animales, en especial de
especies exóticas y silvestres, delito que es investigado por la Brigada
Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural
(Bidema), de la Policía de Investigaciones de Chile, la cual tiene asiento en
siete zonas del país, siendo la más cercana y la que investiga los delitos medioambientales
en Magallanes, la Bidema Puerto Aysén.
El problema es tan grave, que el tráfico ilegal de la vida silvestre
se ha convertido en la tercera opción comercial más diseminada en el mundo,
después de las drogas y las armas, movilizando aproximadamente de 10 a 20
millones de dólares al año (Asociación de Rescate de Fauna, 2004), siendo en
general mayor el tráfico de aquellas especies más escasas, ya sea por su
belleza externa, poderes curativos, subproductos, entre otros.
Se considera que de 10 animales en tráfico, sólo uno llega a destino
vivo, sin considerar que muchos llegan en un estado de salud deplorable debido
a las condiciones de hacinamiento y mala alimentación que experimentan en el
ciclo de tráfico, desde que son extraídos de su hábitat natural hasta su
destino final.
Chile no está exento de este tipo de situaciones como país de paso
hacia el comercio mundial, dada su condición geográfica y barreras naturales.
Sin embargo existen dos leyes que regulan el comercio de animales. La Ley de
Caza, que define claramente cuando estamos frente a un delito y cuando estamos
frente a una falta, y por otra parte está la Convención sobre Comercio
Internacional de Especies Amenazadas (Cites), el principal organismo
internacional que regula el tráfico de flora y fauna en peligro de extinción,
la cual agrupa a más de 3000 especies animales tales como moluscos, insectos,
peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y 35.000 especies de plantas
pertenecientes a grupos muy diversos.
Esta convención, que entró en vigencia el 1 de julio de 1975, fue
suscrita por Chile el 16 de septiembre de 1974, siendo el octavo país en
hacerlo. En la actualidad 163 países son parte de Cites, siendo por tanto una
de las convenciones de mayor trascendencia a nivel mundial.
En por esto, que en su rol educador la PDI, invita a la comunidad
magallánica a prevenir la compra de estos animales, ya que tanto el tráfico
como la tenencia ilegal de estos, son delitos tipificados por la Ley de Caza,
la que posee sanciones de multa y penas privativas de libertad que van desde
los 21 los 60 días de cárcel.