Los hermanos Jaime y Luis Paredes
Bahamondey Gabriel y Gustavo Paredes
Acuña, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas con
la finalidad de que sean formalizados por el delito de maltrato de obra a
Carabinero en acto de servicio.
De acuerdos a los antecedentes expuestos en
audiencia, hechos se remontan a la tarde del lunes, iniciándose el incidente
luego de que la hermana de Jaime y Luis, de iniciales, G.P.B., se juntara con
ellos y otros hermanos en un café de calle Pedro Montt para sostener una
reunión familiar. En el instante que la mujer le manifestó a Jaime que esperen por más hermanos, que aún no
llegaban, se originó una discusión, la que posteriormente subió de tono hasta
terminar a golpes.
La mujer señaló que su hermano la lanzó
contra un muro, donde se golpeó el brazo, sufriendo una luxación en una
extremidad, para luego ser tomada del pelo y del cuello, logrando otro hermano
separarlo de la mujer..
La víctima se trasladó hasta el Hospital
Clínico de Magallanes, donde constató
lesiones, denunciando el hecho a la funcionaria de Carabineros que se
encontraba de guardia en dichas dependencias. Luego se comunicó la dirección de
donde se podía encontrar el agresor, en este caso Jaime Paredes, por lo que se
envió un carro con tres funcionarios, iniciándose minutos más tarde otro
altercado, donde dos funcionarios policiales fueron agredidos por los cuatro
sujetos -de acuerdo a lo indicado en la
formalización- sufriendo contusiones
múltiples. Un tercer carabinero disparó al aire, solicitándose además
refuerzos.
Los sujetos fueron formalizados y dejados con
la medida cautelar de prohibición de acercarse a los dos funcionarios
policiales afectados. Sumado a ello, Jaime Paredes quedó con cautelares de
prohibición de acercarse a la víctima, mientras se desarrolla la investigación.
Denuncia de imputados
Durante la audiencia, los imputados, a través
de sus defensores, desmintieron los hechos, señalando que Carabineros actuó con
violencia sobre ellos, incluso acusan que habrían ingresado sin autorización a
la vivienda, lo que deberá ser corroborado en la misma investigación, la cual
será guiada por la Fiscalía de Punta Arenas.
Tras la audiencia, los imputados recuperaron
su libertad, decretándose un plazo de 60 días para el cierre de la
investigación.