Una pena de diez años de presidio y la inhabilitación perpetua para conducir está solicitando la Fiscalía a un conductor que, en estado de ebriedad, provocó un grave accidente.
De acuerdo a la acusación que presentó el fiscal Felipe Aguirre en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, los hechos ocurrieron alrededor de las 5 horas de la madrugada del 1 de mayo del año pasado, en circunstancias que el imputado Jaime Navarro Toledo conducía en estado de ebriedad un jeep Geo Tracker por pasaje Millaray, y al llegar a la intersección de la calle Manuel Aguilar intentó efectuar un viraje, no cediendo el paso preferencial a un taxi básico que lo impactó de frente, el que era conducido por María Eugenia Bahamonde, quien se desplazaba por calle Manuel Aguilar, provocándose un impacto de alta energía.
Tras la colisión, el imputado se dio a la fuga, siendo ayudado por terceros que lo acompañaban, incumpliendo así su obligación de prestar ayuda y dar aviso a la autoridad policial más cercana del lugar.
Producto del accidente, a la taxista se le diagnosticaron lesiones graves gravísimas, entre ellas una fractura del tobillo izquierdo, politraumatismo, fractura costal, todas las que le provocaron una incapacidad laboral de 180 días y con una secuela funcional permanente. Se indica, además, que el pasajero del taxi, Sebastián Canales Burnes, resultó con una lesión leve en su pierna izquierda.
En relación a los daños, la afectada los estimó en 6 millones de pesos, entre repuestos y mano de obra, para poder poner en marcha su fuente laboral.
Se indica en la acción judicial que el imputado se presentó alrededor de las 11.45 horas ante Carabineros, admitiendo su responsabilidad en el accidente, arrojando una alcoholemia de 1,69 gramos de alcohol en la sangre.
Fue así que se solicita la pena de cinco años de presidio por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad causando lesiones graves gravísimas, leves y daños, y otra pena de cinco años de cárcel por el incumplimiento de la obligación de detener su marcha, prestar la ayuda y dar cuenta a la autoridad policial más cercana en un hecho que se provocaron lesiones graves gravísimas.
Tras presentada la acusación, el Juzgado de Garantía deberá fijar una audiencia de preparación de juicio oral.