Según los antecedentes dados a conocer en la audiencia de
formalización de la investigación, los hechos ocurrieron en primera instancia
durante el verano del año 2012, cuando el imputado, un jubilado de Ejército de
iniciales M.R.M. (por resguardo a la víctima), viajó a Punta Arenas para
visitar a su hija de 17 años, induciéndola -según los antecedentes- para que
mantenga relaciones sexuales mediante regalos y diciéndole que no era malo y
que sería un secreto. Fue en esos momentos que el imputado le habría dicho a la
joven que no era su padre biológico, por lo que no sería malo, amenazándola que
si estaba con otro hombre podía contagiarse de SIDA u otras enfermedades,
convenciéndola a que lo acompañe a diferentes moteles.
Con estos antecedentes, al imputado se le formalizó por el delito de
estupro consumado en calidad de autor en contexto de violencia intrafamiliar.
Segundo hecho
En el segundo hecho se señaló que desde el año 2012 hasta el 2015,
después que la víctima cumplió 18 años, el imputado, que vivía en Mulchén,
decidió radicarse en Punta Arenas, situación que aprovechó para exigirle a la
joven que estuviese con él para mantener relaciones sexuales, ordenándole que
se aleje de un pretendiente de su edad, exigiendo mantener relaciones sexuales
con él o de lo contrario a través de las redes sociales publicaría su relación
con ella y exhibiría las fotografías y videos que mantenía de ella desnuda.
Esto provocó temor en la joven, accediéndola carnalmente, todo bajo amenaza de
muerte, señalándole que la mataría y luego se suicidaría, mostrando un arma de fuego.
El imputado, además, intimidó a la afectada, incluso llamando a un
supervisor de su trabajo inventando que era una ladrona. Esto provocó que la
víctima accediera a lo que le pedía el imputado.
Finalmente el 9 de julio del año pasado, el imputado mediante amenazas
trasladó a su hija hasta el Parque María Behety para mantener relaciones
sexuales, ante lo que la joven se negó, lo que provocó el enojo del imputado,
intentando ahorcarla, y diciéndole que le sacaría los dientes, por lo que la
trasladó por un camino del sector denominado La Discordia, donde procedió a
violarla.
En este segundo hecho al imputado se le formalizó por el delito de
violación.
A pesar que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el
imputado, la defensa, a cargo del abogado Guillermo Ibacache, se opuso a la
medida más gravosa, ya que el imputado dijo que los hechos no son como se
contaron, por lo que el juez Pablo Miño argumentó que existen antecedentes de
situaciones extrañas y que deben ser investigadas, a pesar de que existe un
contacto sexual, pero faltan fechas y otros detalles que deben ser aclarados,
decretando las medidas de firma en la Fiscalía y arraigo regional mientras dure
la investigación que se fijó en 90 días, donde el imputado no podrá acercarse a
la víctima.
El fiscal Oliver Rammsy, señaló que “el imputado, que no se hizo el
examen de ADN, dijo que la reconoció, pero esto ocurrió cuando la víctima tenía
17 años, porque no era su padre. Esta denuncia la realizó la joven ahora a los
21 años por este constante acoso. En el primer período consideramos que es un
delito de estupro y el segundo por un delito de violación, donde le tomó el
cuello y la asfixió. La investigación es compleja, pero existe una seria de
circunstancias donde se dice que su padre quería corregirla y por eso llamaba
al trabajo de la hija, siendo que no reconocía que era su padre”.