David Oyarzún Barrientos, de 19 años; Óscar Torres Corona, de 18 años,
y los menores de iniciales J.M.B., de 17, y B.C.S., de 15, fueron informados
por el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, que el Ministerio Público
inició una investigación en su contra por los hechos acontecidos la madrugada
del miércoles 1 de marzo.
Según lo relatado en la audiencia, los cuatro sujetos caminaban por
Avenida España, cuando divisaron la garita de taxis, aproximándose
sigilosamente por la parte posterior, ingresando dos de ellos (Óscar Torres y
B.C.S.) e intimidando con una llave de cruz utilizada para cambiar neumáticos y
el otro con un fierro, al operador que se encontraba de turno, quien al ser
sorprendido alcanzó a emitir una señal de alerta por el equipo radial, mientras
los otros dos imputados se mantenían en el exterior, también portando elementos
contundentes.
Los sujetos sustrajeron una cajetilla de cigarrillos e intentaron
llevarse una caja metálica, donde se guardaba el dinero del pago de los taxis
que trabajan en esa garita, lo que no pudieron concretar, ya que ésta se
encontraba fija.
Luego de unos minutos arribó un móvil a la central, lo que amedrentó a
los sujetos, quienes huyeron del sector, mientras que el operador conectó la
radio y vía telefónica solicitó la presencia de Carabineros, procediendo a
cerrar la puerta de la garita, por si los sujetos pensaban volver, poniendo a
calentar el agua de un hervidor eléctrico, para intentar defenderse.
A los pocos minutos nuevamente los sujetos retornaron al lugar, señalándole
desde el exterior al operador que se trataba de una “broma” y que sólo estaban
grabando un video para subirlo a internet, lo que no convenció al trabajador,
quien no abrió la puerta, por lo que los sujetos comenzaron a golpear
fuertemente los vidrios.
Estaban en eso cuando personal de Carabineros arribó al lugar, lo que
hizo que los sujetos intentaran huir, logrando ser capturados por dos carros
policiales, pese a que opusieron tenaz resistencia.
Con estos antecedentes, el fiscal señaló que se configura el delito de
robo con intimidación, solicitando que los dos adultos fueran enviados a
prisión preventiva y los dos menores enviados a internación provisoria, lo que
fue acogido por la jueza Paula Stange, siendo derivados a la cárcel por los 60
días que se fijaron para el cierre de la investigación.