Cinco días pasaron ya del juicio del desaforado senador Carlos Bianchi, el cual se desarrolla en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, donde está siendo procesado por el delito de fraude al fisco y negociación incompatible.
Durante las primeras jornadas, el mismo desaforado senador declaró que “converso con mi suegra y le digo que hice las consultas y no hay problema. Entonces, si bien no había ninguna exigencia de hacer un contrato por parte del Senado, igual le pedí que realizáramos un contrato. El año 2006 no había exigencia de contratos, lo que se acaba el 2010. La forma de rendir en el Congreso era un formulario muy simple, en el que se daba cuenta de los gastos, se firmaba y se entregaba a la contabilidad y el Senado reembolsaba los gastos de los senadores. Mi suegra me pidió que le cancelara en efectivo y le pagué ese mes por adelantado y en efectivo, que fue la manera que se hizo permanentemente hasta que estuvo con vida y luego de su muerte se continuó con la otra persona que se quedó a cargo del arrendamiento. Cuando le pregunto a mi asesor jurídico, Manuel José Benítez Gibbons, si es posible, fue cuando conversé con mi suegra y a los días posteriores me señaló que era posible”. El parlamentario agregó que en el 2009, cuando su suegra falleció, cometió el error de continuar con el arrendamiento del inmueble, por lo que realizó un contrato con su cuñada, Victoria Retamales.
Esta fue una de las primeras declaraciones del juicio que se desarrolla en contra del senado, donde se suma lo señalado por su cuñado y actual director del INACh, José Retamales, el que indicó que “en realidad es una situación extraña a mi actividad normal. Me cuesta percatarme de las intenciones de cada pregunta y sorprende cómo algo que era habitual y normal entre mi mamá y yo pueda parecer como algo que pudo ser un engaño. Sorprende eso y me doy cuenta de que son las reglas del juego y ahora confío que el tribunal sabrá ponderar adecuadamente todo lo que se le ha presentado. Lo que hoy se ve como un delito no lo era para nada, era simplemente evitar que mi mamá fuera al banco, al notario, tenía 85 años y mi trabajo queda al lado del banco. No existe ningún dolo ni tampoco ninguna mala intención, no solamente hice ese sino otros contratos, al menos nueve que hacía yo”, haciendo alusión a la pariticipación que tiene en el caso.
Entre las testigos que declararon durante la primera semana de juicio aparece la señora Mercedes Mansilla, quien arrendó el local antes de ser sede parlamentaria, aseguró ante el tribunal que canceló 130 mil pesos. “Ese contrato lo realicé con don José Retamales. Al principio las conversaciones por los detalles las realizaba con él, pero después iba a cancelarle al domicilio de la señora Fresia Espinoza. Le pagaba al contado por ese local en Ignacio Carrera Pinto N° 824, donde tenía mi taller. Arrendé en agosto de 2001 y salí en septiembre de 2002 pagando 140 mil pesos, porque en otra parte me cobraban la mitad de lo que estaba pagando allí. Después ya estaba lejos, así que no puedo decir qué pasó con ese local”, señaló la ex arrendataria.
Este lunes continuará el juicio oral en contra de Bianchi, donde se espera contar con las declaraciones de más testigos y péritos que esten vinculados con el caso.