Ayer en horas de la tarde fueron puestos a disposición del tribunal Francisca Miranda Vargas, de 28 años, y Luis Alvarado Miranda, de 23, luego de que fueran detenidos el miércoles por personal de Carabineros tras ser sindicados como los autores de un robo, en las dependencias de una panadería que se encuentra en reparaciones.
Durante la audiencia, la fiscal Wendoline Acuña le informó a los imputados que se iniciaba una investigación en su contra por los hechos ocurridos la mañana del miércoles, al interior de una panadería ubicada en pasaje Río Ermita, la cual está siendo reparada luego de que hace algunos meses fuera presa de un incendio que causó daños en su estructura.
De acuerdo al relato de la fiscal, la pareja rompió una pared, procediendo a hacer ingreso a dichas dependencias para sustraer diversas herramientas, las que pertenecen a las personas que están trabajando en la reparación del inmueble siniestrado, las cuales fueron puestas en una mochila roja, mientras que la mujer sustrajo un rollo de papel absorbente y un cuchillo de mango blanco, todo esto observado por una vecina, quien se contactó con personal policial, entregando los antecedentes y características de las dos personas, quienes fueron atrapados en su huida por el personal policial a pocos metros y portando las especies.
Con estos antecedentes, la Fiscalía solicitó que a los imputados se le aplique la medida cautelar de prisión preventiva, al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, basándose además en los antecedentes que presentan los imputados.
En el caso de Francisca Miranda Vargas, mantiene diversos antecedentes, por los que incluso ha cumplido condenas de pena efectiva, mientras que Luis Alvarado Miranda tiene causas cuando era menor de edad y durante el presente año, donde fue condenado por un delito de hurto.
Pese a ello, el magistrado denegó la solicitud de la Fiscalía luego de tomarse un receso y revisar los antecedentes, determinando que la medida cautelar solicitada por la Fiscalía es excesiva, siendo cambiada por arraigo regional, prohibición de acercarse a la víctima y su domicilio, además de firmar cada 15 días ante la Fiscalía de Punta Arenas.
Tras la audiencia, ambos sujetos recuperaron la libertad.