En
octubre del año pasado, aprovechando la inmovilidad de Sebastián Piñera
y el estancamiento socio económico -que se generó principalmente en el
segundo gobierno de Michelle Bachelet-, se selló la suerte de un
Presidente que pasará a la historia como lo hicieron Luis XVI en Francia
o Nicolás II en Rusia, quienes fueron incapaces de gobernar
adecuadamente sus naciones y superar los problemas sociales y la
anarquía.
Cuando
inició este periodo, el Jefe de Estado chileno pensó pasar a la
historia como un líder internacional que posicionaría a nuestro país
como defensor de los derechos humanos. Por ello asumió un protagonismo
que le costaría carísimo. Como miembro del grupo de Lima viajó a Cúcuta
-en la frontera entre Colombia y Venezuela- a promover un golpe de
estado o movimiento social que terminara con el derrocamiento del
dictador Nicolás Maduro.
Sin
embargo, los cálculos le fallaron y Maduro resistió, jurando venganza.
En silencio comenzó un plan latinoamericano dirigido desde Caracas y La
Habana, tendiente a devolverle la mano a quienes se fueron a entrometer
en los asuntos internos de Venezuela.
Así
siguió gobernando como si nada pasara, mientras ingresaban al país
activistas pagados desde el exterior y vinculados a las redes locales
del narcotráfico.
Continuó
preparando la COP25 y la APEC, mientras debilitaba ante la opinión
pública la institución de Carabineros, destituyendo a Hermes Soto.
Tampoco fue capaz de lograr algún entendimiento con un Parlamento de
mayoría opositora, que se gestó en las elecciones de 2014 donde por
primera vez ingresaron los jóvenes revolucionarios aprovechando la
modificación al sistema electoral promulgado por Piñera en su primer
gobierno, pensando en que las votaciones eran solo de interés de los
cultos y acomodados.
Con
ello Chile perdió uno de sus principales activos, el tener un padrón
electoral maduro, que conoció los costos que hay que pagar para tener
democracia. Con la inscripción automática y voto voluntario, Piñera de
facto, inscribió millones de jóvenes inexpertos, muchos de los cuales
siempre han vivido a expensas de sus padres pero que rasgan vestiduras
por los derechos de los desposeídos y “sus libertades”.
Con
las mayorías que se obtuvieron en dicho Parlamento y la contribución de
los infaltables Desbordes y asociados, se terminó el horrendo sistema
binominal y llegaron los Florcita Motuda y equivalentes, con votaciones
inferiores al 2%. Los que tanto criticaban el sistema binominal, ahora
guardaron silencio y celebraron la llegada de la “diversidad” al
Congreso.
No
hay que engañarse, en la elección pasada Piñera logró el triunfo
gracias a que al frente tuvo a Beatriz Sanchez y a Alejandro Guillier,
ambos candidatos sin gracia, de poca preparación y sin respaldos sólidos
en sus sectores. También lo sorprendió la alta votación de José Antonio
Kast, quien al día siguiente de la primera vuelta comenzó a trabajar
por Piñera, gesto que fue prontamente olvidado por el flamante ganador.
No
innovó mucho, puso ministros probados, mientras él se dedicaba a los
grandes temas mundiales. Acordó una reforma previsional, subiendo
significativamente los costos de contratación, que traerá más cesantía y
finalmente no pudo revertir la horrorosa reforma tributaria de Bachelet
que paralizó la inversión.
Todo cambio el 18 de octubre de 2019, cuando se le devolvió la mano. Un
pésimo manejo político de un alza de tarifa del metro, que fue
advertida por la ministra Gloria Hutt y que minimizó el Mandatario, fue
la chispa que detonó la bomba.
Una
organizada acción de grupos violentistas y el descontento de mucha
gente que no encontraba solución a sus problemas derivaron en un
estallido popular, con gran violencia con el claro objetivo de
desestabilizar el gobierno.
La
acción jamás fue esperada por Piñera, quien no reaccionó a tiempo, ni
con firmeza y la protesta se masificó y salió de control. Finalmente
ante la masificación de los hechos recurrió a las Fuerzas Armadas, las
que al final, dadas las instrucciones del Ejecutivo, salieron a limpiar
las fogatas, sin balas de verdad.
Los
carabineros desgastados por acción de grupos violentistas se vieron
sobrepasados, saqueos, incendios destrucción y un desgobierno completo.
Piñera dejó a la gente, que debería proteger, a merced del violentismo y
terror. Se acabó el estado de derecho, porque el que “gobernaba” no se
atrevía a poner orden.
La
autoridad, en vez de actuar con dureza y encerrar a los violentistas
para separarlos de la legítima protesta, desautorizó a los carabineros,
haciéndonos vivir lo que sienten hace años muchos chilenos que viven en
La Araucanía, donde un movimiento insurreccional organizado y financiado
desde el exterior, ha buscado destruir el orden institucional.
En
medio de la crisis, Piñera cambió al ministro del Interior. Sacó a un
correteado Andrés Chadwick y puso a un inexperto, sin calle: Gonzalo
Blumel. Vale decir el Presidente de Chile, en medio de la peor crisis
política de los últimos 30 años, colocó a cargo de la seguridad del país
a un aparecido que le llevaba los papeles a Cristián Larroulet. Así las
cosas pronto se vio a Blumel pidiendo disculpas por las víctimas de la
“represión” y callando por los cientos de carabineros heridos, mucho de
ellos que casi fueron quemados vivos.
En
vez de encausar el descontento en los marcos institucionales, Piñera se
dedicó a destruir la institucionalidad vigente, terminando en un
acuerdo nacional, organizado por el en ese entonces su escudero: Mario
Desbordes y firmado por todos los sectores políticos que estaban
aterrorizados de miedo que la revuelva los terminara llevando a ellos
también al precipicio.
Allí
estuvo el magallánico Gabriel Boric, que supo aprovechar el momento
histórico a pesar de las críticas de su sector. Se puso a la altura de
las circunstancias y se dio cuenta que tenía la oportunidad de
posicionarse en las “grandes” lides, para estar en la primera línea del
desmantelamiento constitucional.
Allí
se sentenció la Constitución que le dio estabilidad y progreso al país
en los últimos 30 años. Cuando en marzo nuevamente empezó el movimiento
insurreccional, Piñera trató de nuevamente sacar a los militares a la
calle, pero esta vez, quienes han sido objeto de su persecución y
desidia, se negaron a salir desarmados y como era obvio, Alberto Espina y
Piñera se negaron a asumir la responsabilidad. Así las cosas,
nuevamente incurrió en faltas al deber y dejó a millones de ciudadanos a
merced de los delincuentes.
Luego
vino la pandemia del Coronavirus, donde la política aplicada por Jaime
Mañalich-uno de los pocos con pantalones y autoridad- hoy está rindiendo
frutos, pues nunca hubo que elegir entre quien vivía o quien moría y
resultó acertada la estrategia de ir por etapas, sino miren a Argentina,
donde el socialista Alberto Fernández -seguramente asesorado por Marco
Enríquez-Ominami-, confinó cuatro meses a su gente sin sentido y terminó
de destruir el sector productivo.
¿Qué
habría pasado con esta pandemia si Chile hubiera estado gobernado por
la doctora Bachelet y su ministra Helia Molina? Sin embargo, por presión
de la presidenta del Colegio Médico, Hizkia Siches, y los alcaldes del
mismo sector, que querían aprovechar la situación para figurar, Piñera
removió de su cargo a Mañalich.
También
en el último tiempo presentó una reforma muy “acotada” al Banco
Central, que en definitiva va a permitir a los gobiernos endeudarse con
el instituto emisor, vale decir se acaba la independencia y autonomía
que ha dado estabilidad monetaria e inflacionaria al país.
Sacó
hace poco al ministro Sebastián Sichel, uno de los pocos bien
evaluados, sin causa alguna, pero se sospecha que cayó en desgracia con
el ministro Blumel, quien determinó sacarlo de la primera línea.
Ahora,
en plena crisis, con la gente pasándolo muy mal, muchos con hambre y
cesantía, el Gobierno tenía la oportunidad de presentar un plan
verdaderamente solidario que realmente fuera una
ayuda de quienes realmente lo necesitan. Sin embargo, como siempre,
viendo la chaucha en vez del peso, dio muchas vueltas y le entregó el
liderazgo al Congreso, donde los buitres olieron la carroña y
presentaron rápidamente un proyecto para retirar el mal llamado 10% y
presentar un proyecto totalmente inconstitucional, pero que surge de una
necesidad sin respuesta del Ejecutivo.
El
programa social que presentó nuevamente fue mal comunicado, un bono no
para todos, con letra chica y un crédito que todos sabemos que nunca se
pagaría y que seguro el próximo Presidente condonaría para “liberar” a
los chilenos de la pesada mochila que les dejó Piñera.
Le rechazaron el veto que evita el corte de los servicios básicos, con lo que se paraliza la inversión en estas áreas.
Lo
que pasó es que el sector al cual dice pertenecer Piñera se cansó de la
inoperancia, incompetencia, la falta de orden y autoridad. Por eso hoy
se ha instaurado, en los hechos, un régimen parlamentario, donde el
Congreso aprueba leyes inconstitucionales que finalmente terminarán
destruyendo toda institucionalidad.
Piñera
es el responsable final de la debacle de Chile, no supo medir las
consecuencias de su ego internacionalista y comprometió el país en
luchas externas que no eran de nuestro interés, y cuando le llegó la
protesta a casa, no tuvo la fortaleza e inteligencia para responder con
justicia y firmeza, dejando a millones de chilenos a merced del lumpen.
Por ello, él es actor principal de lo que ha pasado en Chile desde
octubre.
Sobre
él caerá la responsabilidad de los perdigones en los ojos de los
manifestantes, de los heridos, de la humillación a nuestras autoridades,
de la destrucción del patrimonio de miles de chilenos. Pero lo más
grave, es que él ha sido el arquitecto de la destrucción y
desmantelamiento de la Constitución de Augusto Pinochet y Ricardo Lagos,
que dio estabilidad al país y permitió reducir la pobreza por más de
tres décadas.
Gracias
a Piñera vendrá formalmente una asamblea constituyente, que ya está
operando en los hechos como señaló correctamente el alcalde de
Valparaíso, Jorge Sharp. El movimiento ya está en curso y este Gobierno
castrado de valentía y poder, no podrá impedir que la protesta y la
violencia se impongan de nuevo. El parlamentarismo vigente será germen
de la anarquía y demagogia, la voz del pueblo será la que administre el
país, esta vez no como le gusta a Piñera, a través de las encuestas,
sino a través de la fuerza y el amedrentamiento.
El
daño que el Presidente le ha hecho al país es permanente y estructural.
Permitió la destrucción de las instituciones sobre las cuales debe
cimentarse la convivencia social, destruida la institucionalidad se dará
paso a la completa anarquía.
Ni
el más optimista de los comunistas jamás se habría imaginado el gran
aporte que el multimillonario Mandatario haría a la causa colocando
gente inexperta en cargos de importancia y sacando a los buenos cuando
la presión popular se hacía sentir.
A
esta altura no es claro que este gobierno pueda terminar su mandato,
Chile necesita un Ejecutivo que reestablezca el orden y la paz social, y
mitigue sin demagogia los efectos del desastre que va a dejar este
mandato.
Esperemos
que vuelva la cordura al país, que se recupere un actuar de gobierno
razonable que permita avanzar con justicia para todos y en paz.
La historia lo juzgará, pero también los tribunales.