Durante 107 días, el machi Celestino Córdova, estuvo en huelga de hambre, debido a que exigía que se le permitiera cumplir seis meses de su condena de 18 años de cárcel junto a su rehue, es decir, arresto domiciliario durante la pandemia.
Una petición que fue rechazada por la Corte Suprema y que el Gobierno aseguró no puede cumplir.
Córdova, fue condenado a 18 de años de prisión producto del crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, en la Región de La Araucanía.
Tras permanecer 107 días en dicha situación, el machi llegó a un acuerdo con el Gobierno para deponer su huelga de hambre.
Es así, que acordó ocho puntos con el Ejecutivo, entre los que se encuentran la posibilidad de permanecer en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial “hasta su plena recuperación física y espiritual”.
En el recinto se incluirán “orientaciones de medicina mapuche que sean compatibles con la prescripción del agente de salud tradicional tratante”.
El acuerdo además estipula que “recuperada su salud, Córdova podrá ser trasladado a un Centro de Educación y Trabajo (CET) si así él lo decidiera, para lo cual debe postular. Una vez en el CET podrá acceder a los derechos que la regulación de estos centros permite.
Además, se acordó la autorización para una salida de máximo 30 horas a su rehue, la que se sujetará a las condiciones impuestas por las autoridades sanitarias y penitenciarias.
Dicha decisión del Gobierno a negociar con una persona que ha sido condenado por los tribunales, ha puesto en jaque una vez más al Ejecutivo, porque para algunos el Gobierno habría pasado a llevar al Poder Judicial, mientras que para otro es valorado.
El presidente regional del Partido Socialista, Juan Marcos Henríquez, manifestó que el Ejecutivo entendió que el conflicto de La Araucanía se debe abordar políticamente: “Es importante destacar y valorar el proceso de diálogo emprendido por el ministro (Hernán) Larraín y disposición del machi Celestino Córdova que ha permitido deponer la huelga de hambre. El diálogo y no la represión es el camino de solución para la crisis de La Araucanía y esperamos se expanda para abordar los temas pendientes. El Gobierno entendió que el conflicto debe abordarse políticamente y en ese sentido no se pasó a llevar a nadie”.
Por su parte, el abogado y ex gobernador de la Provincia Antártica, Juan José Arcos, la situación es grave: “Los fallos de los tribunales se respetan, y la actuación del Gobierno es absolutamente indebida, y sienta un peligroso precedente”.
Finalmente, el presidente regional de la UDI, Fernando Paredes, expresó que “no comparto la decisión, desde el punto de vista que ya está procesado, ya esta condenado, sino también todos los presos pueden tener el derecho a negociar y eso no es así. Yo no compartiendo, pero entendiendo el espíritu final que ha tratado de explicar el Gobierno que es una situación, humanitaria, que estamos en un tiempo extraordinario, que estamos en una pandemia, entonces, una situación extraordinaria, requiere una solución extraordinaria. Esta persona ya llevaba más de 100 días de huelga de hambre y ya su estado se estaba deteriorando y estaba cerca de poder llegar a la muerte y el Estado Chileno, no está en una situación como para que alguien se muera por una huelga de hambre, y frente a eso agotándose todos los procesos de negociación o conversación, yo creo que desde ese punto de vista entiendo al Gobierno, pero en el tema de fondo no me gustaría que esto genere un precedente porque quiero entender que esto sólo se ha dado producto de una situación extraordinaria y espero no vuelva a suceder”.