“Si
una persona muere bajo la tutela de un agente del Estado, hay que ver
quién tiene responsabilidades”. En conversación con el noticiero central
de El Pingüino Multimedia, la defensora regional de Magallanes, Gustava
Aguilar, hizo un balance a lo que ha sido el año judicial del
organismo. Entre otros temas, analizó la situación de las personas
privadas de su libertad en los recintos penales y los desafíos que
enfrentan como institución.
En lo que va del año, dos imputados se quitaron la vida al interior del Complejo Penitenciario de Punta Arenas.
“Quizás
a la sociedad no les importa las personas privadas de libertad, pero
son personas que tienen derechos fundamentales y humanos. Como agentes
del Estado –llámese Gendarmería, Servicio de Salud, Defensoría– tenemos
obligaciones. Si una persona muere bajo la tutela de un agente del
Estado, hay que ver quién tiene responsabilidades”, dice Aguilar.
“Lamentablemente, para los familiares de estas personas no existe una respuesta adecuada”, agrega.
Los
reos con problemas de salud mental pueden estar privados de su libertad
en la Unidad de Psiquiatría Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria
(UPFHI). La dependencia –ubicada al interior de la cárcel– se creó a
partir de un convenio entre Gendarmería y el Servicio de Salud de
Magallanes. La defensora Aguilar se mostró crítica respecto su
funcionamiento.
“Nosotros
hemos instado a que se regularice este convenio. Tienen que
establecerse obligaciones por parte del Servicio de Salud –que aporta
con los profesionales– y Gendarmería debe ejercer control al interior”,
dice.
En
las dependencias de la UPFHI estuvo recluido Dago Mansilla Ule, un
hombre de 32 años que esperaba ser enjuiciado en abril. A fines de
enero, los funcionarios de Gendarmería descubrieron su cuerpo sin vida.
“Hay
cámaras que debieron ser instaladas al interior de la UPFHI. Es
importante monitorear a estas personas para cautelar si existe un
intento de suicidio. Estas cámaras todavía no se han instalado”, señala
la defensora regional.
En
septiembre, Luis Ojeda Ojeda se suicidó en el módulo C, que está
destinado para imputados reincidentes. “Si bien estaba en una celda
solitaria, él sí había sido diagnosticado para ser internado en esta
unidad forense”, precisa Aguilar.
Sección femenina
“La
cárcel fue construida para una población masculina, no para albergar a
mujeres”, señala Aguilar. “Con esto hubo un problema latente y grave:
que las personas no están solamente en lugares reducidos, sino que no
pueden cumplir con la segregación de imputadas y condenadas”.
La
autoridad destacó un proyecto presentado por Gendarmería y aprobado por
el Consejo Regional para modernizar la infraestructura de la sección
femenina del Complejo Penitenciario de Punta Arenas.
“Es
un proyecto bien interesante, tiene una inversión de 500 y tantos
millones de pesos, se van a readecuar 800 y tantos metros cuadrados que
van a subsanar no solamente temas de habitabilidad y segregación, sino
que también tendrán espacios para desarrollar talleres”, expresa.