Hoy inicia la puesta en marcha del Servicio Local de Educación Pública (SLEP). ¿Qué significa esto? Que 53 establecimientos educacionales y 11 jardines infantiles de la región comenzarán a ser administrados por esta entidad en la región, bajo el amparo de la Ley 21.040 de Nueva Educación Pública. Muy cuestionada por gremios de docentes y paradocentes de Magallanes y de todo el país.
Si bien el funcionamiento del SLEP en Magallanes debió iniciar el 2022, en julio de 2021 el Ministerio de Educación determinó –mediante la publicación del decreto número 20- suspender su entrada en funcionamiento.
Con el cambio de Gobierno, la implementación del Servicio en la zona fue nuevamente evaluada por el Ejecutivo junto al Congreso. Pero, el pasado 18 de octubre, un informe de Contraloría develó una serie de falencias en la implementación de la nueva “Educación Pública”. Entre las irregularidades, el oficio dio cuenta de errores contables, desórdenes administrativos y falta de control, por parte de la Subsecretaria de Educación y la Dirección de Educación Pública (DEP). Antecedentes recogidos entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de noviembre de 2022, y que mandataba al Ministerio de Educación, la revisión de los futuros SLEP, entre ellos, el de Magallanes.
Durante las últimas semanas del año anterior, fueron constantes las reuniones en la Comisión del Senado para afrontar su implementación, en donde, se dio a conocer la falta de presupuesto que contaría el SLEP Magallanes y una serie de falencias, denunciadas por el Sindicato de Administración Central de la Corporación Municipal de Punta Arenas, en el proceso de selección de personal a cargos mediante concursos públicos.
Sin embargo, en un extenso informe, el ministro Nicolás Cataldo expuso que estaban las condiciones para el funcionamiento del Servicio en la región más austral del país. Superando las observaciones realizadas por dirigentes y gremios de la educación, quienes reiteraron en múltiples ocasiones su rechazo a la implementación del Servicio tras el conocimiento de las malas experiencias en otras localidades del país.
En diciembre, el Centro de Estudios Públicos dio a conocer cuáles eran las seis grandes fallas del sistema y que debiesen ser corregidas: el diseño de la política, la gestión pedagógica, la gestión de la infraestructura, el equipamiento y de los recursos educativos, la administración financiera, la gestión del personal y la participación y vinculación con las comunidades educativas.
La infraestructura de los establecimientos es uno de los temas que genera preocupación debido a la burocracia de los presupuestos y en la toma de decisiones, lo que impediría un avance fluido en mejorar el equipamiento.