El alza de impuesto al turismo que se realizaría a provocado en dicho sector todo un debate. Se pretende crear un derecho al acceso de turistas para que dichos recursos quedaría en l región para la conservación de las areas silvestres. Dicha alza quedaría estipulada en las leyes de excepción
Dicha alza comenzaría con un cobre de 15 dólares, el que se irá incrementando en 2 dólares por año hasta llegara a los 25 dólares, hasta el momento se ha manifestado que el cobro lo realizarían todos aquellos alojamientos (Hoteles, hostales, hosteles,etc).
Fuerte controversia aprovocado en la camara de turismo a lo que ellos han manifesto lo siguiente.
La linea e acción que se refiere a “Dar un tratamiento especial al sector turismo, dadas las potencialidades de las bellezas naturales de la Región, y en especial, de Última Esperanza”, así como la propuesta que hace relación a “Crear un régimen de zona franca para el turismo en la Provincia de Última Esperanza, que otorgue exención de IVA a los servicios y bienes cuyo pago se efectúe con tarjeta bancaria (Crédito o Débito) de emisión extranjera”, no están en concordancia con los lineamientos y objetivos planteados en la “Estrategia Regional de Desarrollo 2020” ni con los objetivos específicos del “Programa de Promoción de la Patagonia 2016-2018”. Ambos plantean dentro de sus objetivos primordiales la diversificación, entendiendo por ello el desarrollo y promoción de nuevos destinos turísticos que fortalezcan la oferta regional, tales como: Puerto Williams, Cordillera Darwin, Antártica, Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, entre otros. Es decir, en ambos se plantea la necesidad de desconcentrar tanto la oferta como la demanda que presenta actualmente la Provincia de Última Esperanza.
Nuestra postura no es ir en perjuicio de la Provincia de Última Esperanza, si no que por el contrario aprovechar la mayor demanda que presenta dicho destino en comparación a otros de la región y utilizar los esfuerzos en promoción en incentivar a los potenciales turistas a permanecer más tiempo en la región.
En este sentido la línea de acción debiese ir más por el camino de crear incentivos que permitan el desarrollo de otras áreas con inmensos potenciales turísticos y que a la fecha por faltas de políticas de incentivos no se han podido desarrollar adecuadamente.
En lo que se refiere a “Crear un derecho al acceso de turistas extranjeros al territorio de la Región de Magallanes y Antártica Chilena” presenta un claro desincentivo al potencial turista, lo que podría generar un desmedro en la cantidad de visitantes que recibe esta región.
Este impuesto o tasa turística que se pretende implementar, va en la dirección contraria a los objetivos que se plantean en el “Plan de Promoción” aprobado por el Consejo Regional en octubre de 2015, a través del cual se busca aumentar la demanda por nuestra región mediante la inversión de casi cinco mil millones de pesos en promoción en los próximos tres años.
Mundialmente los destinos que consideran el pago de una tasa de entrada o impuesto al turista extranjero son aquellos destinos que se encuentran saturados y/o requieren de un control del número de visitantes Si bien Torres del Paine ha presentado un aumentado considerable en el número de visitantes en los últimos años, está lejos de ser considerado un destino saturado,.
Cabe destacar además, que esta medida tiene como fundamento el destinar esos fondos a la conservación y preservación de las Áreas Silvestres Protegidas, con lo cual se está buscando solucionar problemas de otras Instituciones, específicamente Conaf, que no han sabido llevar a cabo eficientemente la administración de estas áreas.
En nuestra región, como en todo Chile, se debe pagar una tarifa de acceso en cada Área Silvestre Protegida, siendo la más visitada de la región el Parque Nacional Torres del Paine, el cual considera un cobro de $18.000 al turista extranjero, tarifa que aumentará a partir de la próxima temporada a un valor de $21.000. En este sentido es importante mencionar que el P.N. Torres del Paine genera anualmente alrededor de $2.500.000.000 solo por concepto de cobro de entradas (monto que aumentaría en al menos $500 millones más con el alza de tarifas) y sumando a eso el pago de concesiones ese monto supera los tres mil millones, sin embargo, solo se reinvierte en él menos del 20% de esos ingresos. En consecuencia, la solución debiese venir por la descentralización de la gestión de esos recursos por parte de Conaf, más que considerar un pago extra a los turistas extranjeros que nos visitan, que por cierto representan más del 60% del total de turistas que llegan a la región, a diferencia de lo que sucede en el resto de Chile donde predomina el turista nacional.
Por los motivos expuestos, como sector consideramos que no se debe aplicar impuesto alguno a los turistas que visiten nuestra región, dado que con ello se está yendo en la dirección contraria a todos los esfuerzos realizados durante más de 10 años, tanto por el sector público como privado, en pos de aumentar el flujo de visitantes a lo largo de todo el año, aumentar las noches de permanencia en la Región y en definitiva hacer más competitivo nuestro destino. El aplicar un impuesto solo se convertirá en una nueva desventaja y obstáculo. Y afectará el posicionamiento de otros destinos regionales, tales como Tierra del Fuego o Puerto Williams, por mencionar solo algunos, en los cuales el desarrollo turístico dista bastante de la realidad que presenta hoy Torres del Paine.
Si se considera derogar o limitar las Leyes de Excepción generaría un enorme impacto sobre nuestro sector, Creemos que se necesita de un análisis más detallado del efecto y falencias que estas Leyes pueden tener para el desarrollo del sector, a fin de perseguir su modificación y adecuación a la realidad y objetivos actuales, pero no pretender su eliminación y con ello la creación de mecanismos con poco análisis en cuanto a su eficacia, forma de aplicación y resultados esperados.
En lo que se refiere a la metodología utilizada en la elaboración de esta propuesta, se observan varias falencias que a continuación se detallan:
Este Estatuto parte de una posición en su esencia cuestionable. En su punto nº 1 plantea que “El Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas contempla la revisión de las leyes de excepción, con miras a que sus beneficios favorezcan a todos los habitantes y no solamente a las empresas”, con lo cual parece olvidarse que a través de la instalación de empresas se beneficia a todos los habitantes del territorio, ya que sin duda eso ha ayudado, y seguirá haciéndolo, a la generación de nuevos y mejores empleos.
Por otra parte, consideramos que las actuales Leyes de Excepción no han sido antojadizas, si no que han sido fruto de estudios y experiencias, logrando sobrevivir muchas de ellas en el tiempo, dada su eficiencia en el caso del turismo al menos, y que más que un subsidio creemos que han venido a ser más una política de compensación, dada las diferencias de costos y mercados involucrados en los procesos productivos en comparación con la zona central de nuestro país.
Por lo que sugerimos como sector que en vez de intentar recortarlas, planteemos la necesidad de incorporar nuevos instrumentos y mayores recursos que colaboren en la instalación de nuevas empresas y potencien a las ya existentes, como por ejemplo reincorporar a través de Corfo el subsidio al activo fijo para micro y pymes, instrumento que genera un aporte del 20% a iniciativas de construcción o implementación, el cual a su vez es rápidamente recuperado por el Estado por intermedio del IVA y/o de Impuestos.
Este estatuto no muestra un análisis reciente y claro respecto al beneficio que reciben específicamente las empresas del rubro turístico emplazadas en esta zona, sino que se observa únicamente un análisis general del beneficio, segmentando solamente por el tamaño de las empresas (utilizando una medición de pyme distinta a la del SII) y número de empresas beneficiadas. Por este motivo estimamos que eliminar o modificar estos beneficios sin un análisis acabado del impacto que han tenido de acuerdo a cada industria y sector productivo parece apresurado y contraproducente.
Esta propuesta presenta más bien un compendio o resumen de opiniones de las personas y entes consultados, recogiendo opiniones en muchos casos con visiones muy particulares, sin considerar antecedentes históricos ni prácticos de lo existente y de lo propuesto. Carece además de un análisis más profundo de la justificación de dichas propuestas y de las consecuencias y posibles resultados que resultaría de aplicar dichas propuestas
De esta manera consideramos que las dos propuestas indicadas en el punto 39 del Estatuto para el Desarrollo de Magallanes y Antártica Chilena contravienen a lo opinado por la mayoría de los proponentes y además no consideran instrumentos reales de fomento al turismo, si no que por el contrario, crea barreras y desincentivo al desarrollo de inversiones para la industria turística.
Al mismo tiempo, es importante mencionar que para lograr el éxito del Plan Especial de Desarrollo Zonas Extremas, junto con la revisión de estas Leyes, será fundamental potenciar aún más mejoras en infraestructura y conectividad regional, puntos críticos a la hora de poder proyectarnos para el futuro. En este sentido destacamos dos proyectos emblemáticos como lo son la “Senda de penetración Vicuña – Yendegaia”, camino que abriría definitivamente una segunda ruta turística alternativa a Torres del Paine y daría auge a Tierra del Fuego en su conjunto, permitiendo además incorporar al circuito turístico a Isla Navarino e islas aledañas y potenciar a Punta Arenas como centro logístico neurálgico del turismo regional; y el “Camino a Cabo Froward”, cuya apertura generará un nuevo frente turístico y un nuevo atractivo para la provincia de Magallanes, aumentando la oferta de atractivos del día para el turista de crucero y fomentando la extensión de la estadía en Punta Arenas.
Es por ello que proponemos generar un trabajo conjunto con un plazo más acorde a los análisis requeridos para mejorar esta propuesta.