Las
noticias internacionales han informado de aires secesionistas en
Cataluña. Un reciente referéndum no reconocido oficialmente, ha
demostrado que muchos catalanes quieren separarse de España y formar su
propio estado, aunque no se pudo probar que sean la mayoría. La opinión
pública de nuestro país y del mundo se encuentra espantada ante la
rebelión, acostumbrada como está a reverenciar a los estados como la
apoteosis de la sociedad. Pero no es para ponerse tan nerviosos.
Los
argumentos para retener a los catalanes son en primer lugar de tipo
formal: No cumplen con los procedimientos constitucionales que declaran a
España como una unidad política indivisible. Esa situación se basa en
considerar como sujeto de derecho político a un colectivo como es la
nación. Pero solo las personas son sujetos de derecho y uno de los
derechos más básicos es el derecho a la asociación o a la desasociación,
por lo que la rebelión es legítima si queremos respetar los derechos de
los individuos. Así se formó hace 200 años este país llamado Chile.
Idealmente, los individuos deberían disponer siempre de mecanismos
institucionales para optar a pertenecer o dejar de pertenecer
pacíficamente a determinada comunidad política. Son los individuos los
que tienen derechos frente al estado y no como creen los colectivistas,
que los estados tienen derechos sobre los individuos, que es el concepto
sobre el que se fundan todos los totalitarismos.
Otro
de los argumentos de los que quieren retener a los catalanes es la
desconfianza hacia sus lideres. La secesión ha sido planteada por un
movimiento nacionalista que amenaza las libertades individuales.
Max Weber ha
definido al estado como el monopolio de la violencia. Esta prerrogativa
se le ha concedido a los estados para que defiendan a las personas
honradas de las agresiones y no tengan que aplicar la justicia por su
propia mano. Pero los estados han traspasado ese mandato para extenderlo
a toda suerte de agresión institucional contra la acción humana,
especialmente contra la actividad empresarial, en lo que España por
desgracia destaca. A mayor tamaño del estado, mas poder se acumula que
termina empleándose contra sus propios ciudadanos. La fragmentación de
los estados permite dividir el poder, lo que siempre será una mala
noticia para los políticos y una buena noticia para los que defienden
los derechos de los ciudadanos.
Pero la fragmentación no solo permite distribuir la concentración del poder,
sino que además es un estímulo para que se contraiga. Aunque
inicialmente la intensión de los rebeldes catalanes sea la creación de
un estado que reduzca el ámbito de decisiones de los ciudadanos, en la
era de la globalización no podrán impedir la interacción de Cataluña con
el mundo. Tendrán entonces que competir por crear mejores condiciones
para el desarrollo, que solo pueden lograrse mediante la reducción de
esa agresión institucional que ejercen los estados en contra de sus
ciudadanos. Así como la competencia en el mercado favorece al
consumidor, la competencia entre los estados favorecerá a los ciudadanos.