Tal
como en todo el país, donde los diferentes servicios públicos se han
adherido a las manifestaciones, los defensores licitados de la Región de
Magallanes decidieron salir a las calles y presentar sus petitorios a
la Seremi de Justicia.
La
abogada Vania Cáceres, quien hizo de vocera de los defensores
licitados, indicó que “esta es una iniciativa que surgió de los
defensores licitados de la Región del Maule, por lo que se hizo presente
y como defensores licitados en la Región de Magallanes, compartimos los
puntos de los licitados a nivel nacional. Como defensores licitados
existe una merma en nuestra realidad humana y condición de trabajadores,
donde se producen situaciones injustas que no podemos dejar de lado en
este descontento social que se vive a nivel del país que no han sido
escuchados”.
La
defensora agregó que “hemos prestado asistencia jurídica a todo nivel,
entregando protección a personas que han sufrido apremios ilegítimos o
detenciones ilegales, entregando una defensa competente”.
El
defensor licitado Leonardo Vallejos quiso agregar que “nuestra lucha es
contra el Estado, la Defensoría Nacional, no contra la Defensoría
Regional, todo esto es contra el modelo que genera empleados de primera y
segunda categoría. Hay empleados de planta que tienen todos los
derechos, tienen el derecho de vacaciones, tienen derecho a enfermarse,
tienen derecho a fuero maternal, sin embargo los defensores penales
licitados somos casi precarios como los empleados a honorarios, ya que
si queremos tener vacaciones tenemos que contratar para que nos
reemplace, si el defensor se enferma debe pagar a alguien para que lo
reemplace en el período de esta licencia médica, y de nuestro sueldo
tenemos que pagar estos reemplazos. Durante todo este proceso de
manifestaciones también el trabajo se ha redoblado, pero este trabajo
que no se ha dejado de hacer es por el compromiso hacia la gente, y eso
es lo que queremos que se retribuya del Estado”.
Los
demandas de los defensores licitados entregada al seremi de Justicia,
Fabián Mella, da cuenta que a nivel nacional y regional, el 75%
del total del servicio de Defensa Penal Pública, es prestado por los
defensores y asistentes administrativos que no forman parte de la planta
de funcionario de la institución, sino que deben prestar servicios a
través de sociedades privadas que se deben licitar cada tres años,
servicio privatizado que para los defensores licitados genera
inestabilidad laboral, desigualdad en las cargas de trabajo, existiendo
además prácticas antisindicales, discriminación hacia la mujer,
discriminación en la remuneración y subcontratación encubierta, entre
otras.