El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó esta semana la propuesta de reforma a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente que busca fortalecer y hacer más eficiente la institucionalidad del país y en los próximos días será enviada al Congreso para su respectiva tramitación. Las modificaciones en la ley apuntan a mejorar la participación ciudadana, fortalecerán los instrumentos de gestión ambiental –como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)- y resolverán incertidumbres para comunidades e inversionistas en la tramitación de proyectos.
La seremi del Medio Ambiente en Magallanes, Daniela Droguett, dio ciertas luces frente a esta reforma, señalando que “la fiscalización ambiental y el cumplimiento de sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) son los instrumentos que revisa la Superintendencia del Medio Ambiente una vez aprobados los proyectos. De esa forma, se monitorea las acciones ambientales que ejercen las empresas en los distintos territorios”.
SEIA: mayor componente técnico
Uno de los puntos protagónicos consiste en mejorar al SEIA. Tras 30 años de funcionamiento, su modernización permitirá prevenir los impactos ambientales, fortalecer la participación ciudadana y hacerlo más eficiente.
Para ello, por ejemplo, se fortalecerá el carácter técnico en la calificación de proyectos, para lo que se eliminará el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coeva). Serán reemplazadas por el pronunciamiento de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de la Dirección Regional del organismo, respectivamente. Con esto, las decisiones se basarán en antecedentes técnicos y evidencia científica.
Ordenamiento territorial
Las modificaciones a ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente también fortalecerán la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), instrumento que incorpora las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable y el cambio climático a herramienta de ordenamiento territorial.
Así, se introducen cambios para que sea más simple que los distintos organismos puedan someter a EAE voluntariamente sus instrumentos.
El Ministerio del Medio Ambiente tendrá un rol orientador y coordinador del proceso, aunque se mantendrá la autonomía del órgano responsable de la política o el plan.
“También se crea un recurso de reclamación único y simplificado que entrega certeza sobre las vías de impugnación de una RCA, a todos los actores. Este nuevo recurso de reclamación tendrá legitimidad amplia y la Dirección Ejecutiva del SEA deberá responder basado en los antecedentes técnicos entregados, en un plazo acotado”, profirió Droguett.
Daño ambiental
La propuesta elaborada por el Ejecutivo, alineada con el Acuerdo de Escazú, mejora la acción de reparación estableciendo la legitimación activa como parte principal a todo evento del Consejo de Defensa del Estado.
Asimismo, se crean mecanismos para disminuir las asimetrías al momento de presentar pruebas y se clarifica mejor el plazo de prescripción por daño ambiental, lo que permitirá cumplir con el principio de responsabilidad, una mayor protección del medioambiente y dotar de mayor certeza jurídica a las decisiones de los tribunales.