Algunos
dicen que Chile cambió. No sabemos si ello será cierto. Porque a usted,
a mi y a cada uno de quienes nos rodean no nos ha cambiado mucho
nuestra vida.
Algunos
insisten en que fue un estallido social y muy necesario. Otras dicen
que fue un estallido violentista. Depende de cómo se mire.
Si
vemos el vandalismo, podemos alertarnos de que ante cualquier reclamo
saldrán hordas de delincuentes a destruir nuestras ciudades. Saldrá el
lumpen y el narcotraficante a saquear y robar los supermercados. Saldrá
el adolescente –avalado por la justicia chilena- a apedrear e incendiar.
Y eso no puede volver a ocurrir, porque tiene intranquila a la
población, al ciudadano, al adulto mayor y al comerciante, que se debió
proteger.
Por
eso es necesaria la ley “antisocial” y “anti barricadas”. La
iniciativa, ahora en el Senado, modifica el Código Penal para tipificar
como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de
actos de violencia, y agrava las penas en una serie de circunstancias,
como la interrupción de servicios de primera necesidad, el lanzamiento
de elementos que pongan en riesgos la vida o integridad de terceros, la
destrucción de inmuebles, su ocupación, impedir la actuación de Bomberos
o impedir la libre circulación de personas mediante el fuego o la
utilización de otros elementos (el caso de las barricadas). Además,
introduce una disposición para asegurar que los saqueos tengan una mayor
sanción que el simple robo en lugar no habitado.
Por
eso es inexplicable la actitud de la mayoría del Frente Amplio o de
algunos diputados del Partido Comunista quienes se abstuvieron o se
mostraron en contra, iniciando duras críticas contra el resto,
acusándolos de “criminalizar la protesta social”.
¡Por favor! Diferenciemos las cosas.
No
mezclemos al delincuente, ese encapuchado de las barricadas y posterior
quema, saqueo y destrucción con la magallánica que salió -cacerola en
mano- a marchar masivamente por las calles de Punta Arenas.
Diferenciemos.
La
barricada que termina, por ejemplo, con vidrios quebrados de inocentes
vecinos de Punta Arenas, no puede ser considerada una “legítima
expresión de resistencia”.
Y no se trata de criminalizar las movilizaciones, para nada.
Si
hay una cosa que debemos aprender de este legítimo estallido social es
que el país entero pierde cuando no se respeta el marco institucional y
las acciones que lo descomponen o lo fuerzan.
En
ese contexto, más que la posición frente a un proyecto de ley
especifico respecto de lo cual es siempre legítimo discrepar, lo
revelador son las argumentaciones usadas, según las cuales para un
sector político sería en ciertas circunstancias legítimo el uso de la
fuerza para impedir el libre tránsito de las personas, así como también
otras acciones, como la de arrojar elementos contundentes en la medida
en que no haya daño verificable.
El
consenso en el rechazo a cualquier forma de violencia fue uno de los
pilares que permitieron la recuperación de la democracia.
Otra
gran lección que debemos tener en cuenta es lo ocurrido con las
consultas ciudadanas. Hay ganas de expresarse. De eso, lo acontecido el
domingo pasado nos debe enseñar que hoy la gente quiere cambios y son
necesarios.
Chile
estuvo mucho tiempo sin escuchar y por diversas razones. La gente
tampoco participaba porque estaba desilucionada y era bien cómodo para
quienes gobernaban seguir igual.
Para
Bachelet 1 o para Piñera 1, o para Bachelet 2 y Piñera 2 era súper
cómodo seguir así, sin mayores modificaciones, porque quienes gobiernan
siempre van a estar totalmente desconectados de la realidad porque no
viven acogotados o asfixiados con bajas pensiones, créditos usureros y
soportando tanta injusticia que desembocó en una explosión, en un
estallido.
La
gente se aburrió de eslóganes baratos de las campañas electorales. “En
mi gobierno vamos a trabajar 24/7 y van a gobernar los mejores”.
¡MENTIRA! Nunca gobiernan los mejores, porque incluso los mejores se
niegan a ser cómplices de tanta falsedad.
La
“clase política” se preocupa de protegerse entre ellos. Se sienten
cómodos como están, cómodos de cómo viven. Porque la culpa no pasa a ser
de un gobierno determinado, es del Estado, que avala tanta desigualdad,
porque quienes están al frente no lo sienten.
Es
impresentable que cuando hay cambio de gobierno los partidos políticos
lleguen con carpetas de militantes para ubicarlos en diversos puestos.
Señores esto no es una bolsa de empleos, ¡por favor entiendan!
Nos
creíamos los mejores de Latinoamérica, los jaguares, un país en vías
del desarrollo y caímos en políticas de corrupción gravísimas. Y como
era transversal, era mejor ponerse de acuerdo entre todos y jugar al
empate.
A eso se jugó en los últimos años. En Bachelet 1 y Piñera 2. Indistintamente.
Ahora
bien, Chile no puede llegar a sostenerse en políticas populistas, sino
estaremos a punto de llegar a lo que ocurrió en Venezuela, Bolivia o
Argentina.
Pero sí se deben solucionar, por ejemplo, las míseras pensiones. La jubilación de los chilenos.
Además, muchos políticos deben dar lecciones y deben dar un paso al costado. ¡No más reelección! Las confianzas están perdidas.
No
podemos volver a votar por parlamentarios que han estado por más de una
década y se han enriquecido a costa suya y de todos los chilenos. De lo
contrario cada cierto tiempo volveremos a tener una explosión
delincuencial más que un estallido social.