El
miércoles, el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a María
Pilar Vera Vargas a cinco años de libertad vigilada intensiva por
ultimar a su ex cónyuge. La mujer –que fue víctima de violencia
intrafamiliar crónica durante su vida marital– fue hallada culpable de
parricidio.
La
defensora regional de Magallanes, Gustava Aguilar, abogó por ella ante
el tribunal. En conversación con el noticiero central de Pingüino
Multimedia valoró que fuese sentenciada a una pena en libertad, pero
lamentó que no fuese absuelta por la violencia que sufrió a manos de su
exmarido.
“La
situación de Pilar es muy delicada. Nosotros hemos representado a
mujeres que han matado a sus parejas o exparejas, pero lo cierto es que
en este caso se daban los presupuestos que el legislador ha concebido y
que precisamente fueron incorporadas en la Ley de Femicidio para buscar
una salida para aquellas personas que causan un daño de este modo”,
dijo.
La
fiscalía solicitaba 15 años de cárcel para Vera Vargas. Sin embargo,
los jueces rebajaron la pena a cinco años y sustituyeron el tiempo en
prisión por la libertad vigilada. La abogada Aguilar explica que los
jueces reconocieron atenuantes a su favor.
“El
TOP estimó que no concurrían todos los requisitos para la causal de
justificación, pero sí acogió una atenuante: la colaboración sustancial y
una eximente incompleta, que dice relación con aquella persona que por
cualquier razón independiente de su voluntad se encuentre privada de
razón. Si bien consideraron que no concurrían como eximente, sí
concurría como atenuante”.
–¿Van a recurrir a la Corte?
“Tenemos
que analizar la sentencia y conversar con Pilar. Lo más importante es
lo que ella resuelva y le expliquemos con calma cuál es el escenario y
la posibilidad de recurrir, ya sea para solicitar la nulidad del juicio o
para solicitar una sentencia de reemplazo. Fue muy difícil para ella
enfrentar el juicio”.
–¿Cómo tomó ella la decisión de cumplir la sentencia en libertad?
“Ella
estaba tranquila. Nosotros le explicamos cuáles eran todos los
escenarios posibles como resultado del juicio. Si nosotros no hubiésemos
tenido todo el apoyo de los profesionales (del Hospital Clínico de
Magallanes) muy probablemente Pilar no hubiese podido enfrentar el
juicio, sentarse ante los magistrados, contar su versión y poder recibir
la sentencia”.
Huelga en la cárcel
En
las últimas dos semanas, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas ha
autorizado el traslado de cinco reos a otras cárceles del país y dos de
ellos son representados por la Defensoría Penal Pública. Son parte del
módulo C, que estuvo en huelga de hambre contra sus procesos judiciales y
Gendarmería los sindica como instigadores de los desórdenes durante la
protesta.
“Aquí
se conjugan muchas cosas. En primer lugar, ha aumentado el número de
internos y el número de imputados ha crecido. En un módulo donde había
30 personas llegó a 58. Antes había un módulo de imputados y ahora hay
tres”, explica.
La
abogada también señala que la crisis sanitaria ha afectado la rutina de
los reos. “Esta situación de pandemia ha provocado que los procesos
sean más lentos. Las personas no tenían contacto con sus familiares,
solo telefónico. Ya hace un mes se han reestablecido las visitas y los
internos están recibiendo las visitas de sus familiares”, dice.