Ayer
se inició el juicio en contra de Wenchuang Jin, quien está acusado de
violar a una de sus empleadas en el “mall chino” que se ubica en el
sector norte de Punta Arenas. Si es hallado culpable, el tribunal podría
condenarlo hasta con 10 años de cárcel.
El
joven de 26 años es ciudadano chino y, al momento de los hechos, era
socio del local comercial. Según la acusación de la Fiscalía, el 20 de
diciembre de 2019 participó de un asado junto a otros trabajadores de la
empresa en un inmueble ubicado en calle Capitán Serrano.
Tras
compartir en el domicilio, el grupo se trasladó a la discoteca Club K,
en el centro de la ciudad. La fiesta concluyó en el “mall chino”,
ubicado en Avenida Presidente Frei Montalva con calle Hornillas, donde
continuó la ingesta alcohólica.
Ya
en altas horas de la madrugada, sólo cuatro personas continuaban la
velada en el “after”, entre ellas la víctima -que tenía 19 años- y su
jefe. De acuerdo con la acusación, la afectada se encontraba en estado
de ebriedad y se quedó dormida en un sillón. La ocasión habría sido
aprovechada por el imputado, quien la accedió carnalmente.
La
víctima constató heridas de carácter ginecológico y propias de un
ataque sexual. También resultó con lesiones equimóticas en su cuello y
mandíbula.
El
hombre estuvo casi todo el 2020 en prisión preventiva, pero la medida
se modificó por el arresto domiciliario tras surgir nuevos antecedentes
en la investigación.
Sin
la chaqueta amarilla que identifica a los imputados trasladados por
Gendarmería, el joven concurrió al Tribunal Oral en lo Penal de Punta
Arenas para el juicio en su contra y, voluntariamente, prestó declaración. Desconoció los hechos y acusó intereses económicos de la víctima.
“Yo ninguna vez toqué a la señorita, por eso no
voy a pagar ningún peso a la víctima. Yo confío en la ley chilena y yo
no lo hice”, dijo ante los jueces con la ayuda de una traductora
facilitada por la embajada China.
La
Fiscalía y el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos tienen
una versión distinta. Lo acusan de violación y solicitan que pague seis
y 10 años de cárcel, respectivamente.
“La
víctima no presta ningún tipo de consentimiento a la ejecución de estos
actos de significación sexual”, dijo en su alegato inicial el fiscal
Fernando Dobson.
El
juicio está programado para cinco jornadas. Durante su desarrollo se
espera la comparecencia de 22 testigos, cuatro peritos y la rendición de
abundante prueba documental.