En
un procedimiento abreviado, el sargento segundo S. R. M. G. fue
condenado a 582 días de prisión. La pena será cumplida por remisión
condicional; durante tres años, el imputado tendrá que someterse al
control del Juzgado Militar.
El
Juzgado de Garantía de Punta Arenas condenó al imputado por tres
delitos: maltrato habitual, lesiones menos graves en contexto de
violencia intrafamiliar (VIF) y desacato.
Tratos degradantes
Los
hechos ocurrieron entre el 2017 y el 2019. Según la acusación del
Ministerio Público, S. R. M. G. trataba de manera degradante a su hija
desde que tenía 13 años. “Prostituta” y “eres una suelta” son frases que
le dijo incluso en público. “La víctima se vio afectada emocionalmente,
bajando su rendimiento escolar y sus relaciones sociales”, dice el
texto acusatorio.
Los
maltratos se extendían a su hijo, a quien lo golpeó con sus manos y
cucharas de palo, además de propinarle severos castigos físicos.
“Producto de ello, le ha generado un daño psicológico que se traduce en
el miedo y temor que el niño ha desarrollado hacia su padre”, señala la
acusación.
Los
abusos subieron de tenor en mayo del 2019, cuando el imputado agredió
en el rostro a su hija en un vehículo. En junio, este y otros hechos
fueron denunciados ante el tribunal de familia, que dispuso la
prohibición del padre de acercarse y tener contacto con la víctima.
El
mismo día en que se impuso la medida cautelar, el imputado quebrantó lo
ordenado por el tribunal, tras presentarse en el recinto médico donde
se encontraba la víctima. En los días sucesivos, insultó a su hija con
mensajes por WhatsApp, la llamó por teléfono y visitó su casa.
En total, el imputado incumplió la prohibición de acercamiento en 5 oportunidades.
Firma mensual
Tras
ser formalizado y acusado, la fiscalía solicitó que se impusiesen 541
días de cárcel por cada vez que desacató la medida cautelar del tribunal
de familia. Además, pidió otros 541 días por maltrato habitual y 300
días por lesiones menos graves VIF.
Además,
solicitaron que el sargento segundo quedase con la prohibición de
acercarse a la víctima y de tener en su poder armas de fuego.
Como el imputado tenía irreprochable conducta anterior y había colaborado con la investigación, ayer pudo acceder a un juicio simplificado.
Si aceptaba su responsabilidad en los hechos, la fiscalía rebajaría las
penas solicitadas a un total de 480 días de presidio y una multa de 550
mil pesos.
Tras
conversarlo con su abogada, el imputado decidió aceptar el cargo. Tras
el debate, el magistrado Juan Villa decidió sentenciarlo a 541 días de
cárcel, pero con remisión condicional. En los próximos 3 años -el máximo
legal- el condenado estará bajo la observación del V Tribunal Militar.
Además, tendrá que pagar una multa de 8 UTM –cerca de 400 mil pesos– por
el delito de lesiones menos graves en contexto de VIF.
Por
último, el magistrado decidió que el imputado no tenga contacto con las
víctimas durante 2 años. “No se puede a ellos ni a su lugar de estudios
o domicilio. En general, en cualquier lugar donde estén”, dijo.