Hace
exactamente un mes se abría un intenso debate cuando el Tribunal Oral
en lo Penal de Punta Arenas resolvió reprogramar nuevamente los juicios
orales para el mes de septiembre luego que se extendiera el estado de
excepción constitucional de catástrofe por 90 días más, determinación
que en ese momento fue controvertida por el Ministerio Público, que
reclamaba que estas audiencias debían efectuarse por videoconferencia, y
así descongestionar la sobrecarga de causas pendientes, entre otros
factores.
En
ese momento, se llevó a cabo una audiencia para definir la fecha de un
juicio considerado como de “urgencia calificada”, respecto al cual
debían enfrentar seis imputados de nacionalidad dominicana –de los
cuales cinco están presos- y que integran una banda criminal
transnacional, que fue acusada por el ente persecutor por el delito de
tráfico de drogas, arriesgando todos ellos la pena de diez años de
cárcel efectiva.
126 días sin juicios presenciales
Precisamente,
se definió como fecha este lunes 27 de julio, tras 126 días sin juicios
presenciales por la pandemia del Coronavirus, sin embargo, bajo una
modalidad “semipresencial”, con un estricto protocolo sanitario, el cual
se extenderá por las próximas nueve jornadas siguientes.
Un
escenario inédito para la judicatura magallánica, donde los magistrados
Jaime Álvarez, Jovita Soto y Julio Álvarez debieron conectarse a la
plataforma Zoom desde sus domicilios, mientras que en las dos salas del
tercer piso del edificio de calle José Miguel Carrera se distribuyeron
los demás intervinientes, sin público y con un sistema tecnológico ad
hoc a lo requerido.
Reparos de las defensas
Pese
a aquello, lo anterior no estuvo exento de críticas y reparos,
específicamente por parte de los defensores penales, quienes
evidenciaron su inquietud respecto a la extraña forma de coexistencia
entre lo presencial y lo remoto, ya que desde un inicio éstos se negaron
a realizar este tipo de audiencias por videoconferencia, llegando
incluso a presentar recursos de protección para postergarlos. Sin
embargo, en este caso, se logró pactar hace 30 días con el Ministerio
Público un acuerdo, que tras la jornada de ayer, pareciera que no los
dejó muy conformes.
“Las
condiciones no son las mejores y quizás la gran crítica que se puede
hacer a este tipo de juicios es que no se cuenta con la inmediación, en
el sentido de que los jueces sean capaz de percibir por sus propios
sentidos, de manera directa, las declaraciones de los testigos, que es
la manera como se produce la prueba en un juicio”, acotó el abogado
Ramón Bórquez.
Un minuto de silencio
A
las 9,15 horas se dio por iniciado el juicio, momento en que la jueza
Jovita Soto instó a todos los comparecientes a retrasar en 60 segundos
más la presente audiencia, con la finalidad de otorgar un minuto de
silencio en memoria del otrora abogado de la Defensoría Penal Pública de
Magallanes, Juan Ignacio Lafontaine Salvestrini, quien la tarde del
pasado sábado perdió la batalla contra el cáncer falleciendo a los 46
años, en la ciudad de Concepción, momento que fue respetado por todos.
En
ambas salas ya estaban distribuidos los acusados Luis Wilfredo
Portorreal Peralta, Evangelista Rodríguez Gómez, Jean Carlos Sánchez
Toribio, los hermanos Yulio Radhames y Jorge Luis Ledesma Ramón y Fabián
Enrique Bórquez Troncoso, con una rigurosa custodia de Gendarmería.
Luego
del solemne momento, los abogados presentaron un incidente de nulidad,
debido a que el fiscal Manuel Soto aseguró que cuatro testigos no
podrían declarar de manera presencial, debido a su estado de salud,
entre otros factores, por lo que se contactarían telemáticamente con el
Tribunal. Este debate se extendió por casi una hora y reabrió la
acalorada discusión de parte de las defensas por la solicitud de
“presencialidad”.
“No hay tal organización”
Pese
a esto, los jueces no acogieron dicho requerimiento y accedieron a lo
pedido por el persecutor, para luego dar lectura a la extensa acusación
de los hechos que acontecieron en 2019, con el arresto en agosto de tres
de los imputados, de los cuales –según el escrito- uno de
ellos coordinaba permanentemente la entrega de clorhidrato de cocaína a
distintos distribuidores de Punta Arenas, trasladándose en algunas
oportunidades a Perú para aquel objetivo, contando con los otros dos
acusados para la venta de la misma. La captura fue el resultado de una
investigación que se gestó en diciembre de 2018, logrando la vinculación
de los otros individuos, y comerciantes de la sustancia ilícita,
creando una red de narcotráfico local.
“Represento
a quien según la Fiscalía estaría en la cúspide de esta supuesta
organización. Nosotros estimamos que no hay tal organización, pero mi
defendido va con el ánimo de colaborar al esclarecimiento de los hechos,
estamos ante una acusación muy confusa que contiene varios hechos con
acusados distintos”, sostuvo el abogado Pablo Santander.
Tras
los extensos alegatos de apertura, el juicio quedó en pausa para
continuar a las 9.00 horas de hoy, con la declaración de cada uno de los
imputados, para en las jornadas siguientes avanzar con el testimonio de
testigos, peritos, la presentación de la prueba pericial, documental,
fotografías, escuchas telefónicas, entre otros antecedentes.