Ayer,
el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a Alberto Quezada
Muñoz a casi siete años y medio de cárcel. Los jueces lo hallaron
culpable por robar especies e incendiar la Capilla Nuestra Señora del
Carmen, en Río Seco.
Los
hechos que se dieron por acreditados por el tribunal ocurrieron el 31
de diciembre del 2020. En horas de la mañana, el condenado ingresó a la
iglesia por una ventana y sustrajo dos equipos musicales, un cáliz de
bronce, cuadros de pintura e incluso una sotana. Las especies –que están
avaluadas en 300 mil pesos– se ocultaron en una camioneta.
Después
el condenado regresó a la parte central de la capilla y prendió fuego a
papeles y cartones apilados en el suelo. El incendio se propagó a otras
dependencias y arrasó con la mayor parte de la estructura interior, que
estaba construida de madera.
El
siniestro fue advertido posteriormente por los lugareños. Aunque
Bomberos contuvo la emergencia, la capilla quedó reducida a escombros.
Según la sentencia, las pérdidas por el incendio alcanzan los 300
millones de pesos.
La intencionalidad del fuego
Durante
el juicio comparecieron funcionarios de Carabineros, voluntarios de
Bomberos y vecinos de Río Seco. Aunque la defensa alegó que el incendio
inició por una falla eléctrica durante el robo, los jueces de mayoría
dieron por acreditada la intencionalidad.
“Para
borrar todo tipo de evidencia de su intervención, (el acusado) procedió
a aplicar fuego al interior del recinto, incendiándolo, el que quedó
destruido casi totalmente en la zona interior por la acción del fuego”,
dice la sentencia.
El
juez Julio Álvarez fue del parecer de absolver al acusado por el delito
de incendio. Consideró que durante el juicio no se incorporaron pruebas
para concluir que el fuego se inició por el apilamiento de papeles y
cartones.
Las penas
Quezada
Muñoz fue condenado a seis años de cárcel por incendio y otros 541 días
por robo en lugar no habitado. La pena se pudo rebajar porque el
tribunal reconoció la atenuante de colaboración con la justicia. Sin
embargo, su extensión lo obliga a cumplirla de manera efectiva en el
Complejo Penitenciario de Punta Arenas.
La defensa tiene 10 días para recurrir a la Corte de Apelaciones.