La
organización estaba compuesta por dos reos, sus respectivas parejas, un
funcionario de Gendarmería y tres taxistas. Todos fueron hallados
culpables por microtráfico en un juicio abreviado.
Hechos
El
líder de la agrupación era Giovanni Aguilar Nova, quien cumple condena
por robo en la cárcel. Según la acusación de la Fiscalía, él coordinaba
las entregas de drogas con los distribuidores en el medio libre. Para
ello contaba con la ayuda de Rubén Ruiz Pérez, otro interno que cumple
sentencia por delitos contra la propiedad.
Las
parejas de los reos también fueron condenadas. Ellas se encargaban del
ingreso de marihuana y medicamentos al complejo penitenciario. También
dosificaban y vendían droga en el medio libre con la ayuda de tres
taxistas.
Además,
la sustancia entró a la cárcel con la ayuda de Aguilar Vásquez, un
paramédico de Gendarmería que servía de enlace. Según la acusación,
“aprovechándose de su calidad de funcionario y evadiendo controles
ingresaba al complejo penitenciario distintas sustancias ilícitas”.
La
banda fue desarticulada el 30 de mayo del 2021. En allanamientos
simultáneos, la PDI detuvo a los ocho acusados e incautó 18 plantas de
cannabis, 360 comprimidos de clonazepam, 178 gramos de marihuana, 4
gramos de cocaína y una pistola de aire comprimido, entre otras
especies.
Juicio
En
la tarde de ayer todos los acusados admitieron su responsabilidad en
los hechos y el tribunal los condenó por microtráfico. La sentencia será
leída el próximo lunes.
El
líder de la organización arriesga las penas más severas. El tribunal
puede condenarlo a tres años de cárcel por las agravantes de
reincidencia específica –ya ha sido condenado por delitos de la Ley de
Drogas– y por cometer el ilícito en establecimientos penitenciarios.
El
otro interno y su pareja también arriesgan cárcel efectiva. Si se
acogen las solicitudes de pena de la Fiscalía, ambos pueden ser
sentenciados a 540 días de cárcel.
El
exparamédico de Gendarmería, la pareja de Aguilar Vásquez y los tres
taxistas podrían cumplir su pena en libertad. La Fiscalía pide para
ellos entre 300 y 541 días de prisión, pero no se opusieron a que la
sanción se sustituya por la firma mensual.