Desde
el 16 de octubre, dos adultos que liderarían una organización dedicada
al tráfico de drogas en terminales marítimos fueron enviados a la
cárcel. La defensa recurrió a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas
para que se revirtiese la prisión preventiva, pero no tuvo éxito. Ahora
elevaron sus reclamos ante la Corte Suprema para que se pronuncie al
respecto.
Según
el abogado defensor, Leonardo Vallejos, la detención de los imputados
sería ilegal, pues la Dirección de Inteligencia Marítima (DIM) actuó más
allá de sus competencias.
El
trabajo de la DIM se inicia a partir de la denuncia de la Autoridad
Marítima sobre puntos de tráfico de drogas en los terminales de muelle
Prat y José de los Santos Mardones. Solicitaron a la Fiscalía que la
unidad de inteligencia investigase los hechos.
El
26 de marzo el Ministerio Público instruyó que la DIM estuviese a cargo
de las diligencias. Durante la investigación intervinieron teléfonos,
realizaron seguimientos y montaron cámaras de seguridad en los
terminales. También participaron en las órdenes de entrada, donde se
incautaron 76 gramos de marihuana y 285 gramos de cocaína.
Según
la defensa, las acciones son ilegales porque “no se autorizó la
realización de diligencias fuera del territorio jurisdiccional de la
Autoridad Marítima”, que corresponde al mar y a los recintos portuarios.
Ese
argumento fue rechazado por el juez Ricardo Larenas –que decretó legal
la detención– y la Corte de Apelaciones, cuyo fallo señala que “resulta
imposible restringir al ámbito territorial de su competencia si las
acciones que se le imputan a los amparados las realizaban en gran parte
fuera de los recintos portuarios”.
Por
ello, el abogado Vallejos apeló al máximo tribunal del país. Según el
recurso, la decisión de la Corte “justifica el actuar apartado de la
legalidad de la investigación y, como consecuencia de lo anterior,
manteniendo en privación de libertad respecto de mis representados, lo
que a todas luces debe ser considerado agraviante”.