La
defensora regional de Magallanes, Gustava Aguilar Moraga, rindió ayer
cuenta pública de la gestión administrativa y penal del 2020.
La
autoridad puso el acento en los usuarios de la Defensoría Penal Pública
que cumplen condena. “Durante el año 2020, producto de la pandemia
observamos con preocupación que la población penal no contó con ninguna
intervención sicosocial, lo cual implica una grave vulneración de los
derechos humanos de las personas privadas de libertad”, dijo.
Además,
instó a que Carabineros cuente con la infraestructura necesaria al
crecimiento de la ciudad. Según la defensora, los calabozos de la
Primera Comisaría “no reúnen las condiciones de espacio, seguridad, ni
higiene adecuada, para recibir dignamente a las personas detenidas”.
Otro
punto que recalcó fue la salud mental de los representados por la
Defensoría. Señaló que la unidad de pacientes psiquiátricos de la cárcel
de Punta Arenas “afecta la salud de quienes debe proteger, las y los
privados de libertad que presentan problemas de salud mental, quienes
no han recibido atención, lo cual ha derivado en situaciones críticas,
como son los suicidios de los que desgraciadamente hemos sido testigos
en el último tiempo”.