La
cuarta vez fue la vencida para Miguel Barrera Munizaga. Ayer el Juzgado
de Garantía de Punta Arenas le impuso la prisión preventiva por un
nuevo delito de hurto que habría protagonizado, esta vez avaluado en más
de un millón de pesos.
El
imputado fue detenido alrededor de las 13.45 horas del martes. Según el
parte policial, concurrió al Unimarc ubicado en Avenida Pedro Aguirre
Cerda y cargó un carro con carnes, pollos, carbón y huevos, entre otras
especies.
Sus
movimientos eran vigilados atentamente por los guardias, quienes ya lo
habían sorprendido sustrayendo especies. “Según relatan ambos guardias
de seguridad, es persona conocida porque ya han captado otros
procedimientos por delitos de hurto”, indicó el fiscal Manuel Soto.
El hombre fue reducido cuando traspasó el carro por el lineal
de cajas sin pagar los productos. De acuerdo con el inventario, las
especies que llevaba consigo estaban avaluadas en 1.023.500 pesos.
Tras controlarse su detención, el Ministerio Público solicitó al tribunal que impusiese
la prisión preventiva. “Hay un evidente peligro de fuga porque existe
una conducta contumaz y refractaria”, dijo el fiscal Soto.
El
imputado tiene al menos tres causas abiertas por delitos similares. A
mediados de mayo habría intentado sustraer ocho millones de pesos en
efectivo del Kiosko Roca tras ingresar a una de sus bodegas. Menos de
dos semanas después lo detuvieron por el hurto de 200 mil pesos en el bar Disidentes, frente al cuartel de la PDI.
El jueves pasado fue arrestado en el Unimarc Sur. En esa oportunidad habría intentado apropiarse de 200 mil pesos en especies. El tribunal dispuso que cumpliera con arresto domiciliario total, pero la medida cautelar fue quebrantada con el último episodio de hurto.
Según la defensa, el imputado jamás tuvo la intención de sustraer artículos. Simplemente dejó el carro antes de
la línea de cajas para dirigirse a un cajero automático. Sin embargo,
el tribunal no acogió esa teoría y le impuso la prisión preventiva.
El hombre cumplirá la medida cautelar en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas. El plazo para la investigación se fijó en 45 días.