Ostentación
de vehículos de alta gama en redes sociales, antecedentes de actos de
protección de un ex carabinero hacia el líder de una banda de
narcotraficantes, así como escuchas telefónicas que evidenciaron la
compra, venta y distribución de drogas, fueron los antecedentes
aportados por la Fiscalía para solicitar la privación de libertad de los
cuatro imputados detenidos en sendos allanamientos policiales el pasado
lunes.
El
fiscal de drogas, Manuel Soto, quien lideró las diligencias junto a
personal de la Sección OS7 de Carabineros, señaló que durante cinco
meses trabajaron una denuncia que daba cuenta de la venta de drogas. “La
investigación se originó luego de una denuncia que se realizó a
personal de la Sección OS7 de Carabineros, dando cuenta de la
participación activa de alguno de los imputados. Durante cinco meses se
desarrollaron las diligencias que llevaron a la detención de los
imputados que fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas, y
dos de ellos por otro delito de amenazas. Los mecanismos investigativos
entre vigilancia y los llamados telefónicos de los imputados daban
cuenta que estaban desarrollando el delito de manera permanente. El
resultado fue la incautación de droga dosificada y especies utilizados
para la venta de droga, como un sistema sofisticado de televigilancia,
lo que servía de protección para cometer el ilícito. En relación al
funcionario de Carabineros, al poco andar la suma de dinero que
utilizaba para adquirir la droga hacía presumir que no eran para su
consumo personal, incluso escuchas telefónicas dejan en evidencia que
distribuía a otras personas”.
Formalización
Los
cuatro detenidos fueron trasladados al Juzgado de Garantía de Punta
Arenas el pasado martes 31 de diciembre, último día de 2019, donde por
más de dos horas escucharon las imputaciones por las cuales son
investigados por el Ministerio Público. En la ocasión, el fiscal de
drogas Manuel Soto, dio a conocer en la audiencia pública que personas
indeterminadas se dedicaban a la venta de drogas, vinculando a los
cuatro detenidos, junto a otras personas.
En
ese contexto Miguel Lizama coordinaba la entrega de droga a
consumidores de la ciudad, quien era apoyado – según la formalización-
por el imputado Lemus Aguilar, dosificaban la droga y la entrega en el
local Dar Vadder. Para la adquisición, Lizama contaba como proveedor a
Vargas Argel. Como protección, colaboración y entrega de información, el
imputado Andrés Miguel Lizama contaba con el ex funcionario de
Carabineros Villagrán López. El 14 de noviembre, Lizama fue detenido por
otra causa por manejar en estado de ebriedad y maltrato de obra a
Carabineros, y tras recuperar su libertad, le solicitó a Villagrán (ex
carabinero) las identidades y domicilios de los Carabineros que lo
habían detenido para ir a “reventarle a sus casas”.
El
30 de diciembre de 2019, alrededor de las 18 horas, Carabineros detiene
a Villagrán López, quien hasta ese minuto era funcionario activo de la
misma institución policial, incautándole una pistola y un celular. A las
20 horas se detiene a Vargas Argel en su domicilio cuando iba saliendo.
Al allanarle el domicilio, le encontraron especies para la dosificación
de droga y también 12 gramos de marihuana, más otros envoltorios con 52
gramos de clorhidrato de cocaína. En su vehículo tenía un envoltorio
con 2 gramos de cocaína, como también en el maletero varios envoltorios
con 188 gramos de clorhidrato de cocaína, más dinero que alcanzó el
medio millón de pesos.
A
Miguel Lizama le encontraron en su domicilio un sistema de
televigilancia, 15 envoltorios con cocaína, dinero en efectivo y en una
camioneta una pesa digital y envoltorio con 15 gramos de cocaína. Se le
incautó la camioneta.
A
las 21 horas de ese mismo lunes 30 de diciembre, se detuvo a Lemus
Aguilar en Avenida España, entre Boliviana con Paraguaya, donde también
se le incautaron especies utilizadas para dosificar droga.
Luego,
ingresaron al local de alcoholes Bar Veider, conocido como “el
Boliche”, encontrando un sistema de televigilancia. A los cuatro
imputados se les formalizó como autores del delito de tráfico de drogas,
mientras que a Lizama y Villagran se les sumó el delito de amenazas.
En relación al ex funcionario policial formalizado, su abogado defensor,
Marcos Ibacache, señaló que “mi representado sostiene que no existe una
participación donde también hay que determinar si se trata de un delito
de tráfico o microtráfico de drogas. En poder de uno de los imputados,
el cual no conoce a mi representado, se le encontró la cantidad de 170
gramos alrededor de clorhidrato de cocaína, y que solo se conocieron
cuando fueron detenidos. A mi representado no se le encontró ningún
elemento que lo involucre en este delito. Se pudo escuchar un audio en
audiencia, el cual no es claro en relación a la distribución o venta de
esta sustancia, ante lo cual buscaremos analizar recurrir a la Corte.
Por su calidad de funcionario activo al momento de su detención, fue
enviado a un recinto de Carabineros a cumplir la medida de prisión
preventiva. También mi representado me indicó que hace un tiempo, él denunció a un oficial por un cohecho, ante lo cual tuvo intentos de sanciones que lo mantenían con licencia”.
Dado de baja
En
relación a la participación de un ex funcionario de Carabineros en el
delito de tráfico de drogas, el recién asumido jefe de la Duodécima Zona
de Carabineros
en Magallanes, general Patricio Figueroa expresó que “se inició una
línea investigativa por tráfico de drogas, esto fue puesto a disposición
del tribunal junto a los antecedentes del funcionario de quien se
dispuso la baja de inmediata, por lo que enfrenta a la justicia como un
civil. Él llevaba cinco años de servicio y dos años en Punta Arenas en
la Primera Comisaría. Nos causa dolor y molestia como Carabineros porque
nos sacrificamos por entregar seguridad al país, somos una institución
que evoluciona, por lo tanto los responsables deben asumir sus
consecuencias penales y esta persona fue dada de baja y ya no es
Carabinero”.