Los
delitos se perpetraron al menos desde el año 2016 al 2019. De acuerdo
con las indagatorias, los imputados se concertaron para falsificar y
adulterar los datos reales de siembra, cultivo, cosecha y mortalidad de
cada centro, que debían entregar a las entidades fiscalizadoras, con el
objetivo de alterar los verdaderos indicadores que permiten evaluar la
condición sanitaria y ambiental de los centros de cultivo y así engañar a Sernapesca y Subpesca.
Este
modus operandi le permitió obtener a Nova Austral la clasificación
Bioseguridad Alta y cultivar más peces. Esto también les permitió
obtener bonificaciones por Ley Navarino a la Tesorería General de la
República que suman 50 mil millones de pesos.
Los imputados también permitieron la siembra excesiva de alevines en los centros de cultivo,
lo que provocó impactos ambientales significativos, consistentes en la
degradación del suelo marino, contaminación del componente agua y
pérdida de biodiversidad.