En
una breve audiencia, el Ministerio Público comunicó su decisión de no
perseverar la investigación en contra del exencargado de las finanzas de
la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), Juan Vargas
Quilahuilque, quien fue encausado por presuntamente defraudar al fisco
en casi 300 millones de pesos.
“Se
presentó querella en esta causa y se realizaron las diversas
diligencias que fueron indicadas en la misma. Sin embargo, estas no
resultaron positivas. No existen antecedentes suficientes para dirigir
una acción penal en contra del imputado”, indicó el fiscal Cristián
Opazo.
Dinero dejado de percibir por municipio
La
causa inició en abril del 2019, a partir de una querella interpuesta
por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. “He tomado
conocimiento de una serie de irregularidades contables y tributarias de
la Cormupa”, acusó en el documento.
La querella acusa inconsistencias
en la declaración de impuestos a la renta del 2016. La Dirección de
Finanzas de la Cormupa solicitó una devolución de casi 309 millones de
pesos por conceptos de franquicia tributaria.
El dinero no llegaría a la corporación. El Servicio de Impuestos
Internos (SII) hizo una serie de observaciones a la declaración. La
cifra no coincidía con la información proporcionada por Sence y los
gastos declarados excedían el límite establecido por ley, entre otras
anotaciones.
Según
la querella, quien fuera jefe de la Dirección de Finanzas, Vargas
Quilahuilque, no se hizo a cargo de las observaciones del SII. “Su
inacción ha significado para esta corporación la imposibilidad de
recuperación del beneficio y los fondos que este trae aparejado”,
indica.
Esta
no sería la única irregularidad. El querellado –que ejerció labores
contables en la Cormupa durante casi 30 años– no habría timbrado los
libros contables desde el 2009, lo que concluyó con su despido en marzo
del 2019.
Concluye la investigación
En su calidad de presidente del directorio de la Cormupa, el alcalde Radonich presentó acciones legales contra Vargas por
fraude al fisco. Solicitaron que se despachase una orden de investigar a
la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI y que se citase a
declarar a funcionarios de la corporación, incluyendo al imputado.
El
caso dio un giro en noviembre del 2021. El fiscal especializado en
delitos económicos, Sebastián González, solicitó una audiencia al
Juzgado de Garantía de Punta Arenas para comunicar su decisión de no
perseverar “por no haberse reunido los antecedentes suficientes para
fundar una acusación”.
La
audiencia se concretó el viernes. En presencia de todas las partes, el
Ministerio Público decidió no seguir adelante con las indagatorias.