El
Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas sentenció que cuatro personas
que fueron torturadas por agentes del Estado durante la dictadura sean
indemnizados por un total de 180 millones de pesos.
Los
demandantes fueron detenidos entre febrero y mayo de 1984, a partir de
una serie de manifestaciones que prosiguieron al “Puntarenazo”.
Una
de las víctimas cursaba tercero medio en el Liceo Industrial. Lo
detuvieron en el centro, mientras participaba de una protesta. Una
unidad militar lo subió a un camión, donde fue golpeado y torturado con
un alicate. Las agresiones continuaron en la antigua cárcel de Punta
Arenas. Estuvo recluido durante cinco días en una celda junto a otros 15
jóvenes.
Otro
demandante fue apresado en calle Colón, durante una marcha que congregó
a cerca de 2 mil personas. Funcionarios del Ejército lo golpearon con
la culata de un fusil y lo amedrentaron con disparos al aire. Él también
estuvo en el complejo penitenciario, donde se mantuvo hacinado con
otras 70 personas.
Las
otras dos víctimas fueron sometidas a apremios en la Primera Comisaría y
en la Antigua Cárcel Pública. Ambos relatan golpes de puño y patadas,
además de hacinamiento en los respectivos calabozos.
La
demanda conjunta fue presentada en octubre de 2020 bajo el patrocinio
del abogado Juan Arcos. Tras una extensa tramitación, el Primer Juzgado
de Letras de Punta Arenas dio por acreditado una “actuación ilícita del
Estado –detención ilegal, prisión política y tortura– y el daño sufrido
por las víctimas”.
El tribunal estableció que tres demandantes
reciban 50 millones de pesos por concepto de indemnización de daño
moral. Una cuarta víctima será compensada en 30 millones. Las sumas de
dinero deben ser reajustadas de acuerdo con el IPC.
El
Consejo de Defensa del Estado podría recurrir ante la Corte de
Apelaciones de Punta Arenas para que se anule la sentencia o se rebajen
las indemnizaciones.