Por
decisión de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el sujeto de
iniciales J.V. (cuya identidad se resguarda para no identificar a la
víctima) será enviado a la unidad psiquiátrica del Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad.
El
imputado estaba privado de su libertad por presuntamente amenazar con
un machete a su hermana e incendiar el hogar que ambos habitaban.
Diagnosticado
con esquizofrenia, se espera que un informe del Servicio Médico Legal
confirme su estado de salud mental para suspender el procedimiento. En
la espera, el Juzgado de Garantía determinó que abandonase la cárcel
porque “su libertad no sería un peligro para la seguridad de la
sociedad”.
Sin embargo, el tribunal de alzada revocó esa decisión y ordenó que cumpla con internación provisoria.
“Voy a quemar esta w…”
El
7 de agosto del 2020, J.V. y su hermana recibieron una vivienda en la
Población El Pingüino para que la cuidasen y habitasen.
Desde
ese día el sujeto habría tenido una actitud agresiva contra la víctima,
que se prolongaría hasta la tarde siguiente, cuando la mujer se encerró
en su habitación. Asustada, escuchó las amenazas de muerte de su
hermano que, con machete en mano, emitía desde el jardín trasero.
En
ese mismo lugar el imputado habría encendido una fogata. “Voy a quemar
esta w.., así que arranca”, cita la acusación fiscal. Finalmente, dio
vuelta un tarro metálico con líquido combustible, ocasionando un
incendio que consumió la casa por completo y que se extendió a viviendas
aledañas.
La
víctima salvó su vida saltando desde una de las ventanas, mientras que
su hermano se dio a la fuga. Sería descubierto más tarde por
funcionarios policiales. Lo encontraron deambulando por las calles y con
tres cuchillos entre sus vestimentas. Su respuesta los dejó helados:
“Es para matar a la gente que me cae mal”, habría dicho según la
acusación fiscal.
Fiscalía: “No se consideró riesgo para la víctima”
Formalizado
por incendio, porte de arma blanca, amenazas en contexto VIF e
infracción a normas higiénicas, J.V. cumplía con prisión preventiva en
la cárcel de Punta Arenas desde agosto del 2020.
La
estrategia de su defensa fue llegar a la suspensión del procedimiento.
Tres días antes de cometer los delitos un médico emitió un Formulario de
Hospitalización Involuntaria que recomendaba internarlo. “Comporta un
riesgo real e inminente de daño a sí mismo o a terceros”, se lee en el
informe.
Además, el imputado fue diagnosticado con esquizofrenia en 1989 por un hospital en Putaendo.
El
7 de abril se discutió si el procedimiento continuaba. La Fiscalía no
se opuso a la suspensión, pero solicitó que J.V. fuese internado
provisoriamente en la unidad psiquiátrica de la cárcel mientras se
esperaba el informe definitivo del Servicio Médico Legal (SML).
Sin
embargo, el juez Franco Reyes decidió que J.V. quedase libre. Hasta el
23 de abril –fecha en que se tendrá el informe del SML– el imputado
tendría que cumplir solo con un control semanal en el Cosam Miraflores.
Esto
motivó a que la fiscal asistente Katerina Aranis presentase un recurso
ante la Corte de Apelaciones. “(El juez Reyes) rechazó la solicitud de
internación provisional sin considerar el riesgo inminente que significa
para la víctima y para la sociedad su conducta violenta”, dice el
documento.
Los
ministros de la Corte le darían la razón. En un fallo dividido, el
tribunal de alzada decidió revocar la decisión del Juzgado de Garantía y
enviar al imputado a la unidad psiquiátrica del Centro de Cumplimiento
Penitenciario (CCP) de Punta Arenas. En ese lugar esperará por los
resultados que arroje el informe del SML, los que se discutirán el 23 de
abril.